Esta semana han llegado a «Es Diari» dos denuncias por casos de acoso escolar reiterado sobre alumnos de Primaria y Secundaria en centros docentes de la Isla.
Son hechos graves por el impacto emocional y los perjuicios que el maltrato psicológico, verbal, físico y social ocasiona en chicos y adolescentes que se hallan en una etapa vital decisiva, lo que influye en su crecimiento y formación personal.
Y también han de ser abordados con cautela en la Redacción al afectar a menores, cuya identidad ha de quedar preservada por su propia condición y al contar con una mayor protección.
El director de un instituto de Secundaria de Menorca explicó ayer que el bullying ha aumentado en las aulas por el uso malintencionado de las redes sociales, lo que se conoce como ciberacoso. Y que estos casos son los más difíciles de detectar y perseguir.
Existen comisiones en cada centro para identificar a los alumnos que sufren violencia, y se aplican los protocolos aprobados cuando se advierten situaciones de acoso; pero en muchas ocasiones se llega tarde y las víctimas sufren más al ver como se prolonga y acentúa su calvario. Pero estos protocolos contra la violencia escolar son confusos y no dan instrucciones claras, lo que conduce a la inoperancia de la burocracia administrativa.
Lo peor es que, como afirmó ayer un director de instituto de Secundaria en el Parlament de Catalunya -porque el problema se ha generalizado en todos las comunidades-, «la línea de actuación es tan difusa que no puedes aplicar medidas contra el agresor, y al final, las víctimas muchas veces acaban cambiando de centro». El mundo al revés, ya que quienes han de ser trasladados son los agresores, nunca quienes han sido despreciados, ninguneados, vejados, agredidos y humillados.
El acoso escolar se combate con más medios y recursos en los centros; mayor implicación de los padres; y más valentía y empatía de los profesores. Y, sobre todo, agilizar las medidas en lugar de perderse en laberintos administrativos, porque se actúa tarde y mal.
