El Consell de Govern aprobó, el pasado 2 de octubre, el Decreto ley de emergencia habitacional para facilitar el acceso a la vivienda en Balears. La norma permite, de manera temporal, crecer en altura, reconvertir locales y dividir pisos para generar una oferta de Vivienda de Precio Limitado. La intención, en palabras de la consellera de Vivienda, Marta Vidal, es dar respuesta a las necesidades en materia habitacional de amplios segmentos de la población en las Islas. Sin embargo, y paradójicamente, los precios limitados que fija el Decreto ley -sin distinciones en toda la comunidad autónoma- se equiparan a los de libre mercado en Menorca y, en algunos casos, los superan.
En Maó, por ejemplo, según datos del Ministerio de Fomento, el precio actual es de 2.060,4 euros el metro cuadrado. La norma establece, para una vivienda en una edificación existente en el mismo municipio, un máximo de entre 2.416,83 y 2.959,15 euros el metro cuadrado en función de la etiqueta energética. Unas cifras hinchadas que superan las existentes, que son, por cierto, las más altas desde 2008. Unas cifras que no parecen resolver la misión imposible de acceder a una vivienda a precio asequible que tienen, incluso, las personas con trabajo estable. Tampoco parecen arreglar el problema habitacional de familias, parejas y jóvenes que aspiran a independizarse para empezar su proyecto de vida en Menorca; ni resolver el dilema de profesionales de fuera de la Isla que renuncian a venir al carecer de alojamiento.
El Decreto ley, advierten voces críticas con la norma, no servirá para solucionar la grave crisis de la vivienda y no cambiará el hecho de que las inmobiliarias subsistan gracias a la compra por parte de inversores extranjeros y nacionales que llegan de fuera de la Isla. Mientras, los menorquines tendremos que seguir sorteando los obstáculos para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
