Fela Saborit19/09/23 4:01
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Hasta que el chasis, la chapa y el motor aguanten. Hay 55.480 turismos en Menorca, con una antigüedad media de más de 12 y 13 años dependiendo del municipio, según los datos de la Dirección General de Tráfico. El lema de sus propietarios es tirar con ellos como sea, porque no se pueden permitir uno nuevo, ni siquiera otro de segunda mano, con la actual subida de precios. En el mercado de reventa se buscan coches incluso de 15 o 20 años, cuanto más viejos mejor, más baratos, y las dimensiones de la Isla no requieren de bólidos para ir a trabajar o transitar un camino secundario. Un gran número de esos vehículos no tiene derecho a ninguno de los distintivos ambientales B, C, Eco o emisiones 0 que existen en función del impacto que generan sus emisiones, sin embargo, son válidos, cumplen su función en un territorio con un serio déficit de transporte público.

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Su existencia está amenazada por la declaración de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que rige para las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Transcurridos nueve meses desde que entrara en vigor la obligatoriedad de regular esas ZBE, el Ministerio de Transición Ecológica empieza a presionar para que se implanten, incluida la posibilidad de retirar fondos europeos a los que incumplan la norma.

El anterior gobierno del Consell anunció la creación de una comisión específica con los alcaldes para reducir el tráfico contaminante e implementar la ZBE; eso fue en tiempos de Montse Morlà al frente de Movilidad, después llegaron las elecciones y nada más se sabe. Pero lo cierto es que la Isla afronta un serio problema de movilidad de sus habitantes, necesitados como están de utilizar el coche particular para la mayoría de sus desplazamientos cotidianos, sin una buena alternativa, y muchos de ellos con vehículos que no cumplirán con la normativa para circular. La ecología se da de bruces con la realidad social de la reserva.