Pero cuando Carretero Febrer accedió a la alcaldía de Ciutadella, tras ser elegido por mayoría absoluta en mayo de 1991, descubrió que cualquier compra, contrato o adjudicación exigía en el Ayuntamiento un largo expediente. Un trámite con informes de Intervención y Secretaría, petición de varios presupuestos, licitación y adjudicación. Aquel hombre de empresa manifestaba su absoluta perplejidad por aquel complejo procedimiento.
«En Denix nos entregan la furgoneta en una semana, y en el Ayuntamiento, en cambio, hemos de esperar varios meses», se quejaba el alcalde Carretero, por el lento proceder de la Administración, que nunca llegó a asimilar ni entender. Los actos administrativos, y especialmente los relacionados con la contratación pública, son muy garantistas, con un gran número de controles y funcionarios que intervienen para evitar la discrecionalidad y el favoritismo, objetivo que no se consigue siempre.
Advierte Mercè Corretja, directora de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, que «los contratos públicos constituyen un ámbito de riesgo desde el punto de vista de la transparencia y de la lucha contra el fraude y la corrupción». Alude a «la confluencia de intereses públicos y privados, la discrecionalidad que rige muchos de los trámites y, sobre todo, su volumen económico».
Los contratos de las administraciones deben respetar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. En caso contrario se vulnera la Ley de Contratos del Sector Público y surgen los fraccionamientos que denuncian la Sindicatura de Comptes y la Oficina Anticorrupción de Balears. Pregunten a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
