Ecotasa, fondos europeos y tantos otros camelos surgidos en los últimos años como inversiones extraordinarias no son sino parches para engordar la administración ordinaria. Comprendo la decepción de quienes soñaron con una movilidad electrificada o con el suero de la leche convertido en alimento infantil, dos de los proyectos que aspiraban a ser financiados con los Next Generation y que han descarrilado, como todos aquellos de iniciativa privada.
Hemos comprobado que el dinero que envía Bruselas para una recuperación más rápidad y eficaz del agujero ocasionado por el confinamiento y las restricciones covid se está dedicando a pagar obras que los gobiernos habían presupuestado con sus recursos ordinarios. «El dinero que no gastamos en ese proyecto nos permitirá hacer otros, la demanda de gasto crece», responden a modo de justificación.
Con el impuesto de turismo sostenible, ese dinero que se recauda entre los turistas a razón de entre dos y cuatro euros diarios por estancia en las islas y que pagamos también los menorquines cuando hemos de pernoctar en un hotel en Palma, el asunto es más hiriente. El Govern ha dejado a los alcaldes menorquines con un palmo de narices al tirar por el sumidero su propuesta pactada por el agua.
Aparentemente da más dinero que los 17 que sumaban las obras hidráulicas, pero el desglose ofrece dudas. De la creación de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, contabiliza 1,6 millones para Menorca y otro tanto ocurre con proyectos autonómicos sin definición concreta.
Y esta vez ya ni se disimula, no hay ni un solo proyecto turístico en el listado, estamos ante otra variante de la política Robin Hood, se da sablazo al rico -deben serlo todos los que vienen de vacaciones a las islas o han de dormir algún día en Palma- para comprar Sa Tanca de Sant Lluís o hacer centros de interpretación.
