Vía libre
Adivina quién paga
El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidirá el día 5 de noviembre a quién le toca pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria. De su deliberación cuelgan hipotecas ya suscritas y las que estén a la espera, en el limbo motivado por la sentencia conocida el jueves pasado en la que el alto tribunal determinaba que son los bancos los que tienen que pagar ese impuesto. Ya estaban muchos ciudadanos rebuscando escrituras y recibos, dispuestos a ejercer su derecho a reclamar –aunque se estima que solo podrán hacerlo los que firmaron a partir de 2014, ya que el impuesto prescribe a los cuatro años–, cuando vino el enorme jarro de agua fría: el Tribunal Supremo paralizó su sentencia solo un día después, dada su repercusión económica y social.
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