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Hay quienes se empeñan en transformar el debate sobre el futuro del sistema público de pensiones, que debe ser sosegado e inspirado en criterios de sentido común y racionalidad, en una simplista competición de ofertas electorales. Es una cuestión compleja cuya cuestión de fondo es la sostenibilidad de este sistema.

Porque, como señalan Carlos Ocaña y María Jesús Fernández, "a todos los gustaría ver subir las pensiones y a todos nos disgusta que pierdan poder adquisitivo". ¿Cuál es la situación actual? Hoy en España hay 1.361.491 pensionistas que cobran cada año catorce pagas de más de 1.600 euros, lo que significa más de 1,3 millones de prestaciones que superan el salario medio de los trabajadores. Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, la retribución media bruta más habitual se situó en torno 16.500 euros/año.

Acotemos el problema. España destina a pensiones públicas casi un 11 por ciento del PIB, mientras que la media en los países desarrollados es del 8 por ciento. Desde 2008 el gasto en pensiones ha aumentado en 37.000 millones de euros, un 43 por ciento, al incorporarse 1,1 millones de personas al sistema público e incrementarse en un 28 por ciento la pensión media. Los jubilados españoles cobran de media 1.071 euros, por encima del sueldo de los jóvenes.

"Cotizaciones desiguales pagan pensiones desiguales, mientraS que impuestos desiguales financian servicios públicos igualitarios.

La gente que ha cotizado por encima de la media no aceptará fácilmente que la pensión no se lo compense", advierte Xavier Domènech.

El debate sobre las pensiones y el futuro de la Seguridad Social se utiliza, de forma irresponsable y electoralista, por PSOE y Ciudadanos. Su objetivo no es una reflexión sensata con ideas inteligentes, sino abrir dudas, aumentar la inestabilidad y beneficiarse de un eventual avance electoral. Los ciudadanos se merecen más respeto porque esta cuestión no se puede transformar en un circo electoral.