Ya está otra vez a la greña la clase política del Archipiélago operando un nuevo desencuentro tras la patada en el trasero proporcionada por el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos, a todos los baleares.
El PP ha vetado por el momento la tarifa plana de 30 euros para los vuelos interislas consensuada por todos los grupos del Parlament. Para una vez que se ponen de acuerdo en una cuestión de capital trascendencia, el partido en el gobierno la bloquea justificando el veto por sus efectos colaterales -colapso de vuelos, monopolio...- y, fundamentalmente, porque continúan sin aprobarse los presupuestos generales del Estado. Sin ellos el Gobierno estima imposible la aplicación de esta tarifa porque duplicaría el coste actual situándolo en torno a los 40 millones de euros, aunque ayer el ministro de Fomento dijera que defenderá la propuesta en Bruselas.
O sea que la lamentable negativa para tramitar una reclamación más que justificada desvía, en parte, la responsabilidad de la decisión hacia los partidos de izquierda en la oposición porque éstos obstaculizan la aprobación de los presupuestos.
Seguro que esa es una razón de peso, la misma que ha utilizado el Ejecutivo popular para detener otras iniciativas. Pero, quiérase o no, ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de los parlamentarios y senadores balears del PP en el Congreso y el Senado, Águeda Reynés y Juana Francis Pons Vila, en lo que a Menorca se refiere, aunque ésta última se haya postulado por la opción del descuento del 75 por ciento. Cabría exigir una reacción más reivindicativa por su parte que no el cierre de filas protocolario culpando al bloqueo presupuestario de la izquierda.
Y claro, el Govern balear ha instrumentalizado la situación para cargar contra el PP, como era previsible. El consenso puntual para esta reivindicación ha quedado hecho añicos.
