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El mimo al empleado público ha sido una costumbre estratégica practicada por todo tipo de gobernantes para tener a una masa crítica satisfecha, a sus delegados sindicales tranquilos y un problema latente en la nevera. Al no tener que velar por la viabilidad de su peculiar empresa, hasta hace poco los dirigentes políticos no tuvieron reparos a la hora de contemplar en los convenios ayudas de carácter social, días de asuntos propios y otros conceptos que para los trabajadores de la mayor parte de las empresas privadas son auténticos fenómenos paranormales. La crisis ha puesto todo esto en cuestión y desde los mismos despachos en que se aprobaron estos beneficios se está ordenando su retirada, simplemente porque a esta empresa se le empezó a reclamar viabilidad. Los funcionarios, claro está, montan en cólera, simplemente porque a nadie le gusta que le quiten lo que tiene. Y si empezaron a trabajar con unas condiciones, justo es que se las mantengan. Nada que recriminar a este colectivo profesional, que además es a menudo objeto de un linchamiento popular injusto por generalizado. No obstante, algunas prebendas son intolerables, y más ahora, cuando la estética de la austeridad se ha convertido en dogma en lo público. El extinto coto privado de vacaciones del Lazareto, la pista de pádel del Aeropuerto y el Marina d'Or para militares de la Base Naval. El uso de espacios públicos para el ocio bonificado de unos cuantos debe acabar de inmediato. Por cierto, siempre ha sido un misterio la razón por la que Defensa mantiene en la Isla una cantidad de bienes inmuebles que no se corresponde en absoluto con la reducida dotación que hay en Menorca. Ahora se ha desvelado parte del misterio, aunque no de una forma muy satisfactoria para el contribuyente civil.