Del poder legislativo (que legisla regulín)

Imaginemos que se descubre que una planta entera del Corte Inglés se encuentra colmada de empleados que cobran religiosamente unos nada despreciables sueldos y no les faltan saladas dietas pero su actividad no revierte en absoluto en forma de beneficio para la compañía porque no cubre ninguna necesidad específica. Apuesto doble contra sencillo a que los accionistas no dejarían pasar treinta años con la cantinela de que hay que modificar los estatutos de la sociedad; muy al contrario creo que lo que harían sería desmantelar la planta y ocuparla con algo productivo. Parece, a bote pronto, que en el caso del Senado hubiera sido más razonable que los fabricantes de leyes hubieran reaccionado al (nada reciente) descubrimiento de su inutilidad, de la siguiente guisa:

desmantelemos preventivamente la institución, así podremos dedicar los inmensos recursos que consume a otros menesteres más razonables, mientras buscamos entre todos una fórmula menos cantarina que nos permita colocar a nuestros heridos y a nuestros favoritos de difícil ubicación en una nueva cámara dotada esta vez de contenido útil; mataremos así dos pájaros de un tiro.

Nuestros gobernantes no tienen sin embargo ningún miedo a quedar en evidencia. Si la cosa canta o no canta les resulta perfectamente indiferente; de todas formas los gobernados, que quizás nos lo tendríamos que hacer mirar, les seguimos votando una y otra vez. Si ningún partido exige en su programa la liquidación de la cámara, ningún partido sufrirá individualmente en las urnas porque no quedará señalado por esta causa (no te signifiques).

Puede que alguien piense que tengo una fijación morbosa por el Senado, fruto quizás de algún trauma sufrido en mi tierna infancia; ¡Qué sé yo!, que un senador libidinoso dejase ilícitamente preñada a mi abuela o algo por el estilo: En absoluto se da el caso (que yo sepa).

De hecho siento especial simpatía por algunos de nuestros senadores; concretamente puedo afirmar de un ex senador menorquín con el que he podido disfrutar de alguna agradable e instructiva charla, su calidad de persona noble y comprometida con unos ideales que comparto en gran medida y cuya voluntad de servicio ha quedado perfectamente acreditada a lo largo de su carrera tanto política como magistral. Pero esta circunstancia no me impide insistir sobre la conveniencia de finiquitar un gasto injustificado que además serviría como aliciente y pistoletazo de salida para acabar con la sinrazón de las duplicidades detectadas en diputaciones, gobiernos autonómicos y todas esas vainas que ustedes ya conocen de sobra, que todos reconocen y que nadie mueve un dedo para que se solucionen.

Si resultó tan fácil cambiar un artículo de la Constitución para contentar a los mercados, no veo como resulta tan difícil deshacer un error histórico que viene pagando la nación sin que ningún partido (ninguno) intente fehacientemente hacer algo para remediarlo.

(1) La sospecha se basa en el hecho de que el congreso de los diputados, cuya función es legislativa, no ha conseguido dar a luz prácticamente ninguna ley que aporte justicia y claridad en porciones suficientemente relevantes como para atender las necesidades de sus mecenas (nosotros), de tal forma que los culpables de nuestra ruina (principalmente los especialistas Premium) surfean primorosamente por esas leyes, al parecer suficientemente chapuceras, para reírse a un tiempo de nosotros y de la equidad.

(2) Este extremo explicaría que a veces, sorprendentemente, realicen sin embargo impecablemente su tarea cuando se trata de blindar mediante leyes (esta vez sin resquicios a la ambigüedad) sus privilegios en el campo de la jubilación, la seguridad social, aquellos otros que afectan a los complementos que reciben los funcionarios tras una etapa política, y un largo etcétera.