Los ciberdelincuentes, tal y como habían amenazado si no cobraban un rescate, han publicado en la Dark Web -el internet oscuro- los datos de miles de particulares, funcionarios y usuarios del Ayuntamiento de Calvià, que robaron el 13 de enero tras atacar el sistema informático del consistorio. Es una información muy sensible, que puede ser utilizada con fines delictivos. El Ayuntamiento ha anunciado que denunciará a quien comparta información confidencial, pero no parece que esa advertencia vaya a contener las ansias delictivas.
Los ciberdelincuentes tienen capacidad informática para acceder a casi cualquier sistema operativo y pueden hackear redes informáticas de las administraciones si se lo proponen. El Gobierno, en consecuencia, debería afrontar esta brecha de seguridad como una emergencia y destinar todos los recursos para que los piratas informáticos no puedan acceder a los datos privados de miles de ciudadanos. Como ocurre con los secuestros, los responsables policiales recomiendan no pagar los rescates que solicitan los ciberdelincuentes, aunque hay constancia de que muchas empresas lo hacen, para evitar desprestigio y que trascienda a la opinión pública. Sin embargo, con los beneficios que obtienen pueden seguir financiando sus actividades delictivas y estafas. Y buscar nuevas víctimas, privadas o públicas.
