El Govern ha abonado en el Tribunal Superior de Justicia la indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de la urbanización Muleta II en Sóller. La Justicia ha adoptado una medida cautelar: retener los fondos para garantizar que, en primer lugar, se destinan al pago de las deudas millonarias que mantiene el empresario alemán con las administraciones. Hacienda le reclama más de 13 millones de euros por impagos fiscales desde hace décadas.
La indemnización le corresponde a una de las empresas de Kühn, Birdie Son Vida, que está bajo concurso de acreedores por una insolvencia que se remonta a 2016. Si fuera una mercantil convencional, los fondos le llegarían de forma inmediata. Pero el grupo de Kühn es una maraña de empresas cruzadas para, según la Fiscalía, aislar en unas los bienes de todas y derivar a otras las deudas. Ese lío tiene que ser esclarecido para garantizar que todos los acreedores cobren, incluidas las administraciones públicas.
La cautela del Tribunal Superior también está justificada por otro motivo. Anticorrupción ha denunciado un sospechoso cambio de manos de la empresa depositaria a través de los hijos de Kühn y su mujer, Norma Duval, para que quede fuera del grupo. La gran cuantía de la indemnización permitirá a Kühn recibir mucho dinero. Lo lógico es que sea tras saldar sus deudas.
