El proceso de legalización que ultima el Govern para los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico no puede privilegiar a los infractores. Y, en consecuencia, las sanciones que deben pagar tendrían que ser elevadas. De lo contrario, podría malentenderse como una amnistía urbanística, con todo lo que ello conlleva. El Ejecutivo todavía no ha fijado las cuantías, pero una multa dura es la única forma de dar legitimidad a este proceso urbanístico.
Hay que dejar muy claro que las viviendas ilegales que se pueden acoger a esta legalización son las que ya han prescrito, es decir, que llevan al menos ocho años construidas. La medida no se limita a las casas, también se incluyen porches y piscinas. De igual manera, el dinero recaudado de estos propietarios infractores irá destinado a fines ambientales y a la construcción de vivienda pública. Es preciso dejar muy claro que las viviendas que se acojan a la legalización previo pago de una cuantiosa multa no pueden ser destinadas, una vez ‘blanqueada’ su situación urbanística, al alquiler turístico o a cualquier otro tipo de negocio. Sería un grave error de la Administración permitir que estas fincas, que en su día incumplieron las normas en vigor, puedan proporcionar después pingües ingresos económicos a sus propietarios. El control sobre estas propiedades debe ser estricto.
