Sin privilegios para los infractores urbanísticos en suelo rústico

Hay que dejar muy claro que las viviendas ilegales que se pueden acoger a esta legalización son las que ya han prescrito, es decir, que llevan al menos ocho años construidas. La medida no se limita a las casas, también se incluyen porches y piscinas. De igual manera, el dinero recaudado de estos propietarios infractores irá destinado a fines ambientales y a la construcción de vivienda pública. Es preciso dejar muy claro que las viviendas que se acojan a la legalización previo pago de una cuantiosa multa no pueden ser destinadas, una vez ‘blanqueada' su situación urbanística, al alquiler turístico o a cualquier otro tipo de negocio. Sería un grave error de la Administración permitir que estas fincas, que en su día incumplieron las normas en vigor, puedan proporcionar después pingües ingresos económicos a sus propietarios. El control sobre estas propiedades debe ser estricto.