El Govern, a través del vicepresidente y portavoz Antoni Costa, insiste en que contrató a detectives para que buscaran supuestos micrófonos ocultos en el despacho del conseller de Empresa, Empleo y Energía Alejandro Sáenz de San Pedro «por consejo de la Policía Nacional». Pero fuentes de la Jefatura palmesana lo niegan de forma categórica. El rastreo de los investigadores privados en las dependencias del conseller costó más de 4.000 euros a la Hacienda autonómica.
Si hubiera habido una petición formal entre el Ejecutivo y la Policía, constaría en documentos oficiales, y no es así. El ‘caso de los micros’ podría dejar en mal lugar al Govern. La Policía Nacional ya realiza tareas de búsqueda de estos dispositivos de manera rutinaria a través de un equipo especial que se desplaza de Madrid cuando hay sospechas de que algún juez, fiscal, político o alto funcionario puede estar siendo espiado. Y la inspección se lleva a cabo de forma totalmente gratuita. El despacho del conseller Sáenz de San Pedro estaba ocupado en la anterior legislatura por el entonces vicepresidente Juan Pedro Yllanes, que ha mostrado su asombro por este asunto. Podría entenderse que un conseller solicitara este servicio antiespionaje si tiene fundadas sospechas, pero es incomprensible que se argumente que es por consejo de la Policía y esta lo niegue de forma contundente.
