La controversia suscitada en torno al centro integrado de Formación Profesional que el anterior Govern anunció que iba a construir en el antiguo cuartel Conde de Cifuentes de Es Castell tiene su origen en la ausencia de una planificación insular de equipamientos educativos.
La Associació de directors d’ensenyament secundari de Menorca (Adesme) ya expresó su desacuerdo en 2020 y posteriormente, en 2023, los institutos Josep Miquel Guàrdia de Alaior y Cap de Llevant de Maó presentaron alegaciones al proyecto a este centro. El Govern del Pacte concluyó su mandato sin que se hubieran adjudicado ni iniciado las obras. Ahora se recrudece el debate, con posiciones encontradas, mientras el conseller de Educación, Antoni Vera, intenta hallar una solución que contente a los profesores y también a las formaciones políticas.
Los institutos insisten en su rechazo a la construcción de esta infraestructura docente en Es Castell y reiteran que no hubo consulta ni acuerdo con la comunidad educativa. Decidir la ubicación de un centro educativo de estas características no puede ser fruto de la improvisación. El sentido común y el acuerdo han de prevalecer sobre las irreflexiones y las prisas.
