La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte del riesgo de «una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta», negociado de forma bilateral con comunidades como Catalunya». Y añade que esta fórmula «privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial». Al mismo tiempo, reclama cambiar la ley para que Navarra y el País Vasco aporten a la solidaridad interterritorial, como ya hacen actualmente Madrid, Balears y Catalunya.
De nuevo, sobre la mesa el debate, no resuelto, de la reforma de la financiación autonómica, que demora el Gobierno de Pedro Sánchez. Una actualización que afecta a Balears, porque, a pesar de estar situada en la media, sigue siendo una comunidad mal financiada por el sistema implantado en 2009, al no compensar adecuadamente ni los sobrecostes de la insularidad ni el incremento de población registrado estos años. Los acuerdos del PSOE con otras formaciones, primero para la investidura de Sánchez y después para la convalidación de diferentes decretos, no puede propiciar un modelo de financiación autonómica a la carta. Una situación en vigor en el País Vasco y Navarra, que demanda criterios para garantizar la suficiente financiera y de recursos para todas las comunidades.
