Editorial16/01/24 4:00
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El Govern de Marga Prohens manifiesta su desacuerdo con la cesión de las competencias de inmigración a Catalunya y la publicación de las balanzas fiscales, tal como exigió Junts al Gobierno de Pedro Sánchez para convalidar dos de los tres decretos que el miércoles se votaron en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo autonómico de Balears advierte que, por su naturaleza, estas materias no pueden ser objeto de cesión unilateral. Pero ha quedado al albur de los acontecimientos, porque en la política española todo cambia a cada momento, y lo que se dice el martes se desdice el miércoles, el compromiso de publicar y actualizar las balanzas fiscales.

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, rechaza su publicación y advierte que llevará al enfrentamiento entre comunidades además de provocar la ruptura de la solidaridad. El PSOE se ha mostrado siempre contrario a su difusión. Hace año y medio, la ministra María Jesús Montero descartaba la publicación al propiciar reproches entre las autonomías. La gran cuestión de fondo es la reforma de la financiación autonómica, que se resiste a abordar el Gobierno de Pedro Sánchez. El nuevo modelo de financiación implicará poner sobre la mesa las balanzas fiscales. Balears es una de las comunidades más perjudicadas por un sistema implantado en 2009 cuya revisión no se puede demorar.