El acuerdo del PSOE y Junts ha provocado una respuesta unánime de la carrera judicial, incluidos los jueces de Balears. Todas las asociaciones, los jueces decanos, los presidentes de Audiencias Provinciales y el Consejo General del Poder Judicial rechazan lo califican como uno de los ataques más graves contra la independencia judicial y la separación de poderes en España. El detonante no es la amnistía, que tampoco gusta a los juristas, sino las comisiones parlamentarias que han de analizar «situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política».
El acuerdo pretende que la amnistía ampare casos que no están relacionados con el ‘procés’, una exigencia expresa de Junts. Ahí surge el conflicto con los jueces: que una comisión parlamentaria analice sentencias va más allá de la separación de poderes. No corresponde a un parlamento valorar resoluciones judiciales, con el riesgo de concluir que se ha producido prevaricación. La ley de amnistía no puede ser un texto abierto a la generalización, sino que debe concretar, ha de quedar claro desde el primer momento qué afecta y en qué marco para que sean los jueces quienes apliquen esa excepción. Crear comisiones de investigación parlamentarias para revisar decisiones judiciales es un error. Porque los parlamentos elaboran las leyes y los jueces las aplican.
