El programa que Vox quiere imponer para condicionar la formación de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Balears, carece del rigor exigible a un partido que ha actuar desde el sentido común y la lealtad institucional. La formación de Santiago Abascal, que ha protagonizado un gran crecimiento electoral, no puede caer en la radicalidad ni el populismo. Aquí, en las Islas, no puede impulsar el enfrentamiento por la cuestión lingüística o vaciar de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma cuando se ha articulado, desde el acuerdo, el Estado de las Autonomías.
La rapidez con la que se firmó el acuerdo de gobernabilidad en la Comunitat Valenciana para desalojar a la izquierda ha envalentonado a Vox ante el PP. La excepción es la Junta de Extremadura, donde la candidata del PP, María Guardiola, que niega dar entrada a Vox, a pesar del riesgo de nuevas elecciones.
El preacuerdo firmado en Balears por PP y Vox, además del apoyo al candidato de la ultraderecha Gabriel Le Senne como presidente del Parlament deben allanar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. La cuestión de fondo es si la ausencia de Vox en el Consell de Govern garantiza el ejercicio de los derechos logrados en los últimos años, la defensa de la lengua propia y las cotas de autogobierno de Balears. Estas son las líneas infranqueables.
