Editorial12/02/22 4:00
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El Govern aprobó ayer un  decreto ley con el que pretende diseñar la alternativa al actual modelo turístico de las Islas con una moratoria que impide crear nuevas plazas turísticas durante los próximos años, pero se seguirán tramitando los proyectos registrados antes de la entrada en vigor de esta norma. Al mismo tiempo se deja en manos de cada Consell la decisión sobre el número de plazas y las condiciones de los establecimientos en cada isla. El Ejecutivo autonómica invoca los conceptos de circularidad, sostenibilidad y decrecimiento para rediseñar y modernizar la oferta turística.

Este decreto-ley, que de momento ha eludido el control del Parlament, pero deberá ser convalidado en sede parlamentaria, abre tantas expectivas como dudas e incertidumbres. Eliminar la oferta obsoleta y de peor calidad crea problemas sobre el futuro urbanístico de los establecimientos y la destrucción de no pocos puestos de trabajo. El cambio no puede ser la mera expresión de una voluntad política, porque el futuro del principal motor económico de Menorca requiere el compromiso de sus principales actores, los empresarios.

La sociedad debe dar el visto bueno a una propuesta legislativa de enorme calado como la que formula el Govern, por eso ningún colectivo debe sentirse marginado si de verdad se quiere cambiar el modelo del turismo menorquín.