El Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó en octubre, en Balears, el 5,6 por ciento; un registro cuyo precedente más próximo lo hallamos en 1992, lo que confirma el escenario inflacionista de la economía española. El punto de partida es el aumento en los precios los carburantes y la electricidad, que ha subido un diez por ciento tras el decreto de la ministra Teresa Ribera, con el incumplimiento de las promesas del Gobierno Sánchez.
La inflación ya afecta a toda la cadena de productos y servicios, y los consumidores finales: ciudadanos, familias y empresas están sufriendo las consecuencias. Al mismo tiempo, lastra la salida de la crisis y dificulta la reactivación. Las proyecciones optimistas anunciadas hace pocas semanas se están difuminando de manera acelerada porque el alza de precios no tiene visos de ser una cuestión a plazo fijo. Los expertos difieren a la hora de plantear un horizonte de estabilización. Quedan por delante meses –se habla incluso de mediados del 2022- en los que continuará este período que trastoca y compromete los planes de recuperación que se habían diseñado. Más allá de la frialdad estadística, la realidad es que la inflación nos empobrece a todos.
