El auto de procesamiento de trece líderes del independentismo catalán dictado ayer por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena supone un duro golpe al 'procés' y complica, aún más, la investidura del presidente de la Generalitat y la formación de un nuevo gobierno. La decisión judicial endurece las medidas cautelares aplicadas hasta ahora al establecer la prisión provisional sin fianza.
El magistrado concluye que han aparecido nuevas pruebas por los delitos de rebelión y malversación de fondos, así como el riesgo de fuga. La huída al extranjero de Marta Rovira, que no acudió a la cita con el juez, no favoreció la situación de los investigados. Todos los que ayer ingresaron en la cárcel han tenido un papel protagonista en el desafío soberanista que exige respeto a la legalidad pero también reclama decisiones y soluciones políticas. El conflicto se ha enquistado y perjudica tanto a Catalunya como al resto de España. El Gobierno debe aportar salidas.
Es preciso hallar el encaje de Catalunya en el Estado porque no tiene sentido el actual bucle que divide y enfrenta a los propios catalanes. El conflicto catalán tiene naturaleza política y no será resuelto por un juez.
