El gran cambio político que provocaron las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015 arroja un primer balance de claroscuros. En primer lugar, la inestabilidad de un Govern en minoría parlamentaria, al negarse Podemos a corresponsabilizarse de la acción de gobierno, lo que obliga a Francina Armengol a un esfuerzo permanente para aprobar cualquier proyecto de ley, incluidos los Presupuestos anuales.
La izquierda, además de la anunciada supresión del TIL y la exigencia del catalán como requisito para acceder a la función pública, ha derogado normas y leyes –algunas, como la Agraria, aprobada con el consenso del sector- lo que causa inseguridad jurídica y no favorece la recuperación económica. No ha concretado aún qué artículos mantendrá en la Norma Territorial de Menorca. Al mismo tiempo, anula la inversión de los duques de alba en el puerto de Son Blanc.
Vuelve a crear, con menor controversia que en el primer Govern Antich, el impuesto turístico y deberá decidir a qué fines destina su recaudación; dota con 20 millones de euros la renta social garantizada; y recupera el horario 24 horas para el avión-ambulancia. Todo ello con una crisis de gobierno con Esperança Camps y Més per Menorca en el ojo del huracán. En Menorca, tras paralizar las obras de la carretera Maó-Alaior, debe definir el nuevo modelo viario y las rotondas que construirá.
