La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern balear, Catalina Cladera, acusó en el Parlament de «evasión fiscal» a la Iglesia durante una interpelación. Sus palabras se referían a las inmatriculaciones de bienes eclesiásticos en el Registro de la Propiedad y a las exenciones tributarias pactadas por España y la Santa Sede en el Concordato -un tratado internacional- de 1979. Horas más tarde, tras percatarse la socialista Cladera de la gravedad de lo afirmado, desde su Conselleria se tuvo que difundir una nota de disculpa.
Estas desafortunadas declaraciones se suman a la inapropiada comparación efectuada, hace unos días, en sede parlamentaria, por la diputada, también del PSOE, Silvia Cano entre el público de una misa y el de una película pornográfica.
El Govern del Pacte debe revisar su actitud hacia la Iglesia a la que pertenece gran parte de la población de estas islas. Es necesario que pare estos ataques tan burdos como pobres intelectualmente, porque la consellera Cladera debería saber que musulmanes, judíos y protestantes también gozan de beneficios fiscales en virtud de los Acuerdos de Cooperación de 1992. El laicismo que dicen practicar los partidos que apoyan el Govern no puede estar peleado con el respeto que merece la Iglesia católica y todas las otras confesiones religiosas.
