Los 26 folios de que consta el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la querella por el 'caso Cesgarden' han aportado nuevos datos y documentos que revelan graves irregularidades e infracciones. Corresponde ahora a los magistrados de la Audiencia Provincial pronunciarse sobre este escrito del Ministerio Público y el aportado por el Consell de Menorca, que también se ha opuesto al archivo de la querella y ha reclamado una exhaustiva investigación.
El fiscal Pedro Horrach cuestiona, en su escrito de apelación, «errores tan obvios» como el peritaje aprobado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior, que motivó la sentencia condenatoria de 29 millones de euros a pagar por el Consell insular. Pero lo más grave y sorprendente consiste en que las parcelas, cuya titularidad se atribuyó Siteme-Cesgarden, eran públicas -propiedad del Ayuntamiento de Alaior- cuando se aprobó, en 2003, el Plan Territorial Insular. Y que Cegarden compró la finca a la que se trasladaron los derechos edificatorios hoteleros 24 horas antes de la aprobación del PTI. Es preciso llegar al fondo y depurar todas las responsabilidades exigibles.
