El 1 de julio de 2023 entró en vigor el acuerdo suscrito en noviembre de 2022 por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta Francina Armengol, para transferir algunas competencias de Costas a Balears.
El Govern debía asumir la plena y eficaz gestión de 1.500 kilómetros del litoral balear. Pero se hizo mal y de forma incompleta, como advirtió el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, Avel·lí Blasco, al afirmar que «el Estado ha sido muy mezquino en la transferencia de Costas, con un comportamiento que no se justifica en absoluto, dando lugar a un traspaso de competencias a medias».
A la escasez de medios del traspaso, el Gobierno central se reservó el cobro del canon por la ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre, mientras que los ayuntamientos solo perciben un 10 por cien. Las concesiones también precisan la conformidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Teresa Ribera, que durante sus vacaciones en Menorca acaba de ser propuesta como candidata de España a eurocomisaria en el nuevo Ejecutivo que formará Ursula Von der Leyen.
Lío competencial
Esta transferencia, mal hecha y peor dotada, acarrea un enorme lío competencial por la concurrencia de dos administraciones, Estado y Govern, como hemos constatado durante esta semana en Menorca.
El Govern ya había gestionado la licitación e inicio de las obras de restitución de la playa de Cala en Porter, dañada por la DANA del 15 de agosto. Pero el Ministerio Ribera, desde la dirección general de la Costa y el Mar, a la que están adscritas las demarcaciones de Costas, tenía que emitir una autorización que no era necesaria.
Como si hubiera aparecido en esta crisis institucional otro Torrente con el brazo tonto de la ley, un embrollo embarullado que no entienden los ciudadanos, sobre todo vecinos y propietarios de negocios de Cala en Porter perjudicados por la tormenta del 15 de agosto.
El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, montó en cólera y, a voz en grito expresó su indignación para acusar al Estado de frenar la restitución de la playa. Intervino en este esperpento, con comunicados, réplicas, respuestas y contracomunicados, el diputado Pepe Mercadal Baquero para afirmar que no era necesaria la autorización estatal.
Benejam se mostró satisfecho al proclamar que el equipo de gobierno de Alaior «había forzado la luz verde del Estado a los trabajos de cala en Porter». Pero el PSOE de Alaior reclamó al alcalde protestón que rectificara sus «declaraciones falsas» en contra del Ministerio para la Transición Ecológica.
Quede constancia también de la petición, remitida a la Demarcación de Costas el 23 de agosto por el conseller Juan Manuel Lafuente, para intervenir en esta zona costera. Al no obtener respuesta, seis días después se puso en contacto directamente con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Unos por otros, y, sobre todo, por la maraña institucional, la casa sin barrer.
Mal negociado y dotado
El canon por instalaciones fijas en el litoral (kioskos, chiringuitos, bares, instalaciones deportivas y varaderos) sigue en manos del Estado por la mala transferencia que, en noviembre de 2022, aceptó el Govern Armengol, formado por PSOE, Més y Podemos, supera con crece los 1,3 millones anuales que transfiere el Gobierno central a las Islas por esta competencia.
Son centenares las concesiones que pagan un canon anual, además de tendidos eléctricos e instalaciones públicas. Un perverso mecanismo de extorsión estatal.
El Estado se reserva la última palabra sobre Costas en Balears. Madrid emite un informe sobre las decisiones del Govern en el litoral que, si es desfavorable, obliga a las dos administraciones a negociar.
En el capítulo de sonrisas y lágrimas, la entonces consellera de Presidencia, Mercedes Garrido del garrote, lamentó que «no han llegado todas las competencias que queríamos, pero se trataba de negociar sine die o empezar a negociar». Faltó mucha finezza y el Govern PSIB-PSOE se achantó ante el Gobierno PSOE-PSOE.
Imputado por 20 euros
El caso del funcionario del Consell de Mallorca imputado durante más de dos años por una propina de veinte euros ha sido finalmente archivado por falta de relevancia penal.
Pero tendrá consecuencias disciplinarias porque no es aceptable que un empleado público reciba dinero en metálico de un ciudadano para realizar un trámite. La causa se cierra tras comprobar el juzgado que el funcionario hubiera recibido un pago por un trato de favor, por mínimo que fuera. En 2022 un hombre que fue a renovar un permiso de caza amb filats le dio un billete de 20 euros que el funcionario cogió. «Para merendar con tus compañeros».
