Gomila no reclamó la devolución de las subvenciones

Un menorquín, Joan Rosselló Villalonga, profesor titular de Economía Aplicada en la UIB, que ejerció como director general de Presupuestos del Govern durante el segundo mandato del Pacte de Francesc Antich (2007-2011), está al frente de este organismo desde 2015. El próximo mes de octubre concluye su mandato, que renovó con Francina Armengol en 2021.

Joan Rosselló es el síndic major del organismo que fiscaliza, externamente, la actividad económica, financiera y contable del sector público de Balears. O sea, todas las administraciones e instituciones públicas de las Islas, incluidas las empresas, fundaciones y sociedades mercantiles que integran el llamado sector instrumental.

El análisis de las cuentas del Ayuntamiento de Ciutadella de 2014, remitido el 2019, año en el que, por segunda vez Joana Gomila fue investida alcaldesa de Ciutadella, descubrió numerosas «deficiencias» en doce expedientes. Entre ellos, dos procedentes del lejano 2006, o sea trece años antes, cuando gobernaba la ciudad un alcalde llamado Llorenç Brondo.

El resultado de aquella fiscalización se comunicó a la alcaldesa Gomila y a sus predecesores en el cargo afectados por el informe, pero únicamente presentó alegaciones Pau Lluch, primer edil entre 1999 y 2003. La Sindicatura de Comptes también había detectado irregularidades en expedientes anteriores al 2006.

La devolución

La reclamación contable del Tribunal de Cuentas contra la hoy diputada de Més per Menorca en el Parlament, a la que solicita 66.000 euros, contiene la parte resolutiva.

Se sustenta en la «responsabilidad», presunta aún en este momento, en la que incurrió Joana Gomila al no reclamar la devolución de las subvenciones concedidas por anteriores gobiernos municipales al Penya Ciutadella Esportiva y al Club Hípic Ciutadella.

La alcaldesa del PSM tenía que haber solicitado y tramitado, según el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, la devolución de los 55.228 euros concedidos en 2006 al Penya Ciutadella para la construcción de las gradas y los vestuarios del campo de Son Marçal, así como los 10.757 euros aportados durante aquel mandato al Club Hípic Ciutadella para la mejora de sus instalaciones.

Una de las muchas preguntas sin respuesta en este caso, abordado sub secreto y con respeto por los funcionarios municipales de Ciutadella, consiste en que el procedimiento sigue vivo, en fase de actuaciones previas de la jurisdicción contable, contra Gomila, al haber sido archivadas las acciones contra el Ayuntamiento.

¿Falta de personal?

A pesar de haber sido vulnerados los principios de concurrencia y licitación pública, sostiene la parlamentaria autonómica, portavoz suplente del Grup Mixt en el Parlament, que es «la víctima» por unos convenios que ella no firmó, y sin que haya existido perjuicio alguno para el Ayuntamiento. Aceptamos la mayor, señora Gomila, pero, ¿por qué no atendió el requerimiento de los organismos fiscalizadores y reclamó las cantidades abonadas indebidamente a dos entidades deportivas de Ciutadella? Ahora se lo reclaman a Vd.

No convencieron las alegaciones registradas del 2019, relativas a la «falta de personal» en el Ayuntamiento de Ciutadella, y la subsanación de las deficiencias «conscientes de la carencias y errores que se han cometido en el pasado».

Dura lex, sed lex

La Ley de Bases del Régimen Local establece que «los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo». Dura sed, lex sex.

El alcalde Ferrer Monjo debe medir sus palabras, porque los primeros ediles y toldos los concejales están sujetos al imperio de la ley. Y por los actos realizados en el desempeño de su cargo, pueden resultar responsables. Una responsabilidad, por actos contrarios a cualquier tipo de ordenamiento, que puede tener naturaleza administrativa o bien penal. Continuará.