Ni deberes ni derechos

Arrastra en su trámite parlamentario siete prórrogas para presentación de enmiendas y se abre ahora al turno de comparecencias de afectados y de expertos. Convive esta situación con los más de 3.000 recursos contra la otra ley, la de la Carrera Militar de 2007, y con los 22 contenciosos presentados en la Audiencia Nacional, que reconoció en dos casos cuestiones de inconstitucionalidad que afectaban a su Disposición Transitoria 4ª (Curso de adaptación) y a la Adicional decimoquinta de la de Presupuestos Generales para 2009 (reconocimientos académicos equivalentes para esfuerzos distintos). Y no se pueden obviar los contenidos de la manifestación convocada por AUME en Madrid el 16 de octubre frente a la sede del Ministerio, que se pretendieron acallar con una mal pensada rueda de prensa convocada a la misma hora en dicha sede.

La marejada legislativa se ha llevado por delante a la subsecretaria Victoria San José en medio de una tormenta política que también nombró al cuarto jefe de Prensa del Ministerio y al tercer jefe de Gabinete de la Ministra en el plazo de dos años. Eran los mismos días en que una cesante v icepresidenta del Gobierno, firmaba el Real Decreto128/2010 de 15 de octubre que desarrolla una nueva «Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa».

Mal presagio.

Fernández de la Vega ya estaba embalando sus efectos personales para la sede del Consejo de Estado, donde presidirá la Sección Séptima, tras la renuncia por edad de Miguel Vizcaíno, un jurídico militar que fue durante décadas un baluarte en defensa de nuestras tradiciones y de los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. Su salida de Moncloa ha permitido repescar a la que fue secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, ministrable en ciertas quinielas, que se incorpora a Presidencia como subsecretaria, tras dos años de relajado y oscuro papel al frente de la Sociedad Estatal de Grandes Conmemoraciones. Moviendo los hilos, siempre Enrique Serrano «el segundo hombre de Uclés –o el primero–» un hombre que conoce muy bien todos los entresijos de Defensa.

A favor de la ministra diré que se comprometió a no firmar la nueva Ley si no tenía amplio consenso. Y hace bien, porque el consenso no existe, contaminado además por la ejecución de la Ley anterior. Los títulos de ingeniero, que iban a coexistir con los de oficiales, han sido cuestionados por los Colegios profesionales. Lo que denunció públicamente Rosa Díez respecto al sistema de selección para ingreso en las Academias Generales –«procedencia de 17 Bachilleratos diferentes con 17 pruebas de selectividad diferentes y con centros educativos con incentivos a inflar notas»(Boletín Oficial de las Cortes 275/2009), ya se está sufriendo.

Sus problemas proceden en mi opinión de dos frentes. El primero, dimanante de la mentalidad de un ministro sin más experiencia que unas prácticas de oficial de complemento, que en poco tiempo, mal digeridas sus lecturas sobre las reformas de Azaña –hasta lo del titulo de ingeniero copió– quiso diseñar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas acorde con sus principios políticos y a los postulados pacifistas y buenistas del momento. Tras su inesperado cese, su sucesor pasó por Castellana 109 con la cabeza más metida en periodos electorales inmediatos y en reforzar como portavoz parlamentario a su jefe de filas, que en preocuparse por nuestras leyes.

Segundo punto, los redactores.

La Ley de Derechos y Deberes aparte de su fondo, en su forma es larga, pesada y de difícil digestión. Es un cortar y pegar de restos de normas dispersas que se refunden en un cuerpo legislativo, con la mala percepción de que se mezclan conceptos básicos, con otros que debieran recogerse en un simple reglamento y no en una Ley Orgánica. Desaparece aquel viejo y práctico ejercicio de «el Gobierno, antes de tal fecha, remitirá el reglamento que desarrolla el presente artículo».

Deben redactar las actuales leyes las generaciones que se han formado en los últimos veinte años en el exterior, que piensan, escriben y «ensayan» en revistas profesionales, no personas que llevan treinta años en el Ministerio acostumbrados a confundir la lealtad con la sumisión. Bien sé que ésta se retribuye mejor que la primera. Hay ejemplos claros en las cabeceras de empresas de titularidad estatal. Aún hay quien confunde –escribía recientemente un teniente general– política, administración y mando. Si se quiere consenso, relevo generacional.

En resumen. Yo clamaba por una ley de «deberes y de derechos» antes que a la inversa. La sociedad confía el poder coercitivo de las armas a una Institución, y ésta asume voluntariamente el deber de servirla y no precisamente contra ella. Luego vendrán los derechos, por supuesto. Pero no discutamos. Nos quedamos sin reconocimiento legislativo a ambos. La sociedad no le dará la menor importancia. Nuestra clase dirigente –salvo excepciones que bien conocemos y valoramos– igual. Seguiremos con nuestros deberes, todo tiempo, todo lugar.

¡Servidumbre y grandeza de los leales servidores del Estado!

Artículo publicado en el diario "La Razón" el 11 de noviembre de 2010