El fallo la condena a un año y medio de prisión, que no cumplirá, y a indemnizar a dos mujeres con 10.600 euros en total.
En el juicio celebrado en Palma en presencia de la acusada y las denunciantes, la mujer, que ejercía como secretaria de la gerencia, admitió los hechos lo que facilitó que los abogados de la acusación, la defensa y el fiscal pudieran alcanzar un acuerdo y evitar su entrada en prisión.
Los hechos ocurrieron cuando la administrativa, adscrita a la secretaría de dirección desde el 1 de febrero de 2018 en comisión de servicios, tenía acceso a los sistemas de Historia Clínica de Atención Primaria (HCAP) y de Atención Especializada (Esiap) y, consecuentemente al historial de citas médicas de pacientes. En esta herramienta informática aparecían datos clínicos de ellos, del médico que les atendía y una breve reseña sobre la cita.
Lo hizo «por curiosidad»
Por curiosidad, según indica el fiscal en su escrito de acusación, la administrativa, sin ninguna autorización hizo uso de estos sistemas para entrar en el historial de citas de su exmarido, de la que entonces era la pareja de él y de una hija de ella coincidiendo con unos meses en los que la separación de los cónyuges arrastraba desavenencias.
Tanto el exmarido como la que entonces era su pareja denunciaron a la trabajadora, aunque más tarde el hombre se retiraría de la denuncia. Esta se presentó después de haber obtenido la información solicitada al mismo Hospital Mateu Orfila preguntando qué personas habían accedido a sus historiales médicos, debido a la intuición y sospechas de la mujer que fue objeto de la revelación de secretos y descubrimiento.
El acuerdo supone una condena penal de un año y medio de prisión para la secretaria, y el pago de una indemnización de 10.600 euros a la expareja del que fuera su marido y a la hija de esta, es decir, 5.300 euros a cada una.
Seguirá en el trabajo
La condena incluye una multa de 900 euros, además del pago de las costas del juicio y de los gastos de los abogados de la acusación particular que representaban a la mujer y a su hija. La ejecución de la sentencia quedó suspendida siempre que la condenada no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.
El acuerdo permitirá a la mujer mantener su puesto de trabajo en el ‘Mateu Orfila’ ya que la sentencia no contempla la pena de inhabilitación de 7 años que sí incluía el fiscal en su escrito de acusación al haber sido retirada en el acuerdo. El fiscal solicitaba en principio 4 años de cárcel, mientras que las denunciantes pedían 5 años de reclusión.
La mujer denunciada ya ha consignado la indemnización a las dos mujeres que mantuvieron la denuncia, lo que representó un atenuante para alcanzar el acuerdo definitivo.
11 comentarios
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YoSi tan seguro estás, ya tardas en formalizar la denuncia donde se ha de hacer, en una comisaria de policía.
Vaya, a esta le cae la del pulpo, como ha de ser, y mientras el Fiscal General del Estado por revelar datos de un contribuyente con fines de atacar a un rival político, sigue en sus puesto y tan pancho. Hay diferentes varas de medir.
Gestión privada profesional de los Hospitales y a la calle, se reducen gastos en compras y se gestiona los horarios del personal con más calidad para el paciente y los mismos trabajadores. Si nadie ha estado en un hospital con Gestión Privada, siendo igualmente de la Seguridad Social, no lo critiquen porque las listas son muchísimo más cortas que es lo que queremos todos. Los Hospitales que se quitaron la Gestión Privada fueron decisiones políticas para poder trincar, las listas volvieron a ser larguísimas y el paciente mal atendido. Ojalá pudiésemos tener este sistema pero claro a los políticos no les interesa.
Despido inmediato en una empresa privada. Aquí ?
¿ Habéis avisado al Fiscal General ?
Es lo más detestable de la isla, no existe la confidencialidad ni en la privada ni en la pública, la gente se aburre demasiado y pecan del chafardeo máximo distorsionando la verdad en la mayoría de las ocasiones y haciendo verdadero daño. En esta isla se necesitan condenas ejemplarizantes tanto para estos casos como para los que difaman y dañan el honor de las personas en público con injurias y calumnias, que sepan los lectores que todo se puede demandar y que conlleva una pena penal y civil con la consiguiente declaración pública corrigiendo las difamaciones, no se puede permitir que la gente diga barbaridades y se quede tan pancha, en esta isla utilizan la palabra desequilibrada mental con mucha alegría , pues mucho cuidado que todo llega.
Aviso a navegantes.
En una empresa privada estaria en la calle, en una publica no pasa nada.
A ver si se castiga tanto a los reincidentes.
Tristemente no es la única empleada del hospital que da información a sus amig@s de los pacientes.