Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 27 de mayo.

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Un joven español de 24 años será juzgado la próxima semana por haber robado, amenazado y violentado en un forcejeo al párroco de Sant Bartomeu de Ferreries en la madrugada del 27 de mayo cuando se hallaba en un estado muy agitado por la urgencia que tenía para adquirir drogas.

El sacerdote le acogía ocasionalmente en la casa parroquial al tiempo que le ayudaba en trámites legales hasta que sufrió los efectos de la alteración con la que se presentó en el domicilio aquella madrugada, en una jornada en la que no estaba previsto que acudiera, según indica el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

El acusado despertó al párroco y le exigió que le diera 400 euros para pagar el taxi que le había traído hasta Ferreries. El presbítero trató de calmarle, acudió a sacar 250 euros de un cajero de su entidad bancaria y pagó al taxista los 42 euros de la carrera. A continuación convenció al joven para trasladarle al centro médico del Canal Salat y que allí fuera atendido por el estado de agitación en que se encontraba. Para lograr el propósito de que fuera revisado por un médico le dijo que si le acompañaba al centro médico de Ciutadella le daría el dinero que le había pedido.

Sin embargo cuando llegaron al aparcamiento del Canal Salat, el acusado volvió a amenazarle si no le daba el dinero. Se produjo un forcejeo entre ambos dentro del coche que acabó provocándole al párroco una contusión y dolor en el hombro.

A la vista de la situación el sacerdote tuvo que ceder y entregarle al joven los 150 euros que anteriormente había sacado del cajero automático. Poco después se bajó del coche, lo que aprovechó el presbítero para alejarse del lugar.

Como consecuencia del forcejeo y la agresividad del acusado, el párroco sufrió una lesión en el hombro por la que precisó tratamiento y rehabilitación durante varios días.

El inculpado tiene vigente una orden de alejamiento respecto del presbítero a no menos de 300 metros de distancia del lugar donde se encuentre que le fue impuesta por el juez de guardia tras la imposición de la denuncia. La víctima no reclama ninguna indemnización por estos hechos.

El acusado deberá responder por un delito de robo con violencia y se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años si es declarado culpable.