La asociación investigada organizaba un festival de danzas orientales.

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El juzgado de Instrucción 1 de Palma investiga a una asociación cultural menorquina de danza oriental por defraudar subvenciones al Govern, al Consell de Menorca y a otras entidades locales. La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado una querella contra la máxima responsable de la entidad y aprecia la existencia de delito por la percepción de una serie de subvenciones del Institut d'Estudis Baleàric (IEB), cifradas en 25.000 euros. Estos fondos carecen de justificación y se sospecha que no se llevaron a cabo las actividades que se presentaron para recibir los fondos públicos.

El caso fue destapado por la anterior directiva del IEB tras encontrarse con el del saxofonista Ramón Pérez Vila, a quien Anticorrupción reclama ocho años de cárcel por un asunto similar: empleaba una asociación para presentarse a distintas líneas de ayuda y, o no las justificaba debidamente. Este supuesto fraude fue descubierto cuando se intentaron comprobar unas facturas de viajes aportadas por el saxofonista. Tras este caso se llevó a cabo un examen a fondo de otras facturas entregadas para justificar subvenciones ya pagadas. En esa revisión se encontraron indicios de posibles irregularidades en la asociación de danza, que durante años ha organizado un festival de baile oriental en Menorca.

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La Abogacía de la Comunitat llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción que, tras encargar una primera investigación a la policía judicial ha decidido judicializar el asunto ante la posible existencia de una estafa a la administración.

Además de los fondos recibidos del Govern, la Asociación Baladí ha obtenido numerosos fondos del Consell Insular, hasta 23.000 euros en una única convocatoria para la organización del festival de danza oriental. Baladí solicitó decenas de miles de euros al Institut d'Estudis Balears, aunque las subvenciones concedidas quedaban de forma habitual muy por debajo de lo que habían solicitado en cada una de las convocatorias. Por ejemplo, en 2020 solicitó 25.900 euros por unas jornadas de formación y se le concedieron 3.500. Ese mismo año se desestimaron otras tres solicitudes por valor de 60.000 euros.