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Los cuatro acusados de estafa y blanqueo de capitales en Maó tras haber hackeado una inmobiliaria con sede en esta ciudad eludirán su ingreso en prisión tras el acuerdo de conformidad alcanzado por sus abogados y el fiscal en el juicio celebrado el miércoles que permitió la rebaja de sus respectivas condenas.

El inculpado por estafa, que fue quien contactó con los otros tres para que diesen sus números de cuentas bancarias donde transferían los pagos los clientes engañados, fue condenado a seis meses de trabajos solidarios. Los otros tres, dos hombres y una mujer, fueron condenados a tres meses de prisión, que no cumplirán, y la mitad de las multas que les reclamaban, 1.000, 400 y 5.200 euros. La mujer deberá pagar una indemnización de 10.400 euros en función de los ingresos que recibió en su cuenta, mientras que los otros dos acusados junto al inculpado por estafa deberán indemnizar solidariamente con 7.580 euros a los estafados.

Los delitos se cometieron en 2014. Tras hackear la base de datos de la inmobiliaria, contactaron con varios clientes a los que propusieron diversas operaciones. Estos, en la creencia de que trataban con la inmobiliaria, realizaron varias transferencias a las cuentas de los otros tres acusados por blanqueo de capitales por imprudencia, quienes a cambio recibieron un 2 por ciento de los ingresos.

Los cuatro acusados residen en Valencia y declararon por videoconferencia.