Firma sindicada.- Carlos Carnicero.- El final del Estado de derecho

MADRID, 19 (OTR/PRESS)

Un Estado de derecho es aquel que hace que todos los acontecimientos susceptibles de tener repercusión jurídica sean previsibles en sus consecuencias a través de la legitimidad indiscutible de sus instituciones.

En la España democrática del siglo XXI está a punto de venirse a pique la existencia real de ese Estado de derecho por la universalización de la práctica de cuestionar lo establecido cuando no encaja en las previsiones y los deseos propios. Casi nadie se corta de cuestionar las resoluciones que no le convienen.

El próximo episodio, después del alarde de insumisión realizado por amplios sectores de la política y la sociedad contra el Tribunal Supremo -a cuenta de los procesamientos de Baltasar Garzón- promete ser, sin duda, la sentencia del Tribunal Constitucional. Avanzaba ayer La Vanguardia en un estudio demoscópico que dos de cada tres catalanes niegan la competencia y la legitimidad al TC para modificar el Estatuto; no es de extrañar después de la larga y sostenida campaña realizada desde la propia Generalitat, comenzando por su presidente, y desde amplios sectores de la sociedad catalana para desacreditar al tribunal y a sus pretéritas resoluciones.

Ahora los representantes de tripartito pretenden una modificación "ad hominen" de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que no se ha molestado lo más mínimo en disimular que todo el texto es una respuesta puntual a sus preocupaciones por el estatuto catalán.

Mientras, Francisco Camps se ríe de su inculpación por el Tribunal Supremo y ex fiscales llaman franquistas a sus miembros, el Constitucional se prepara para recibir una andanada casi definitiva en el momento en que haga pública cualquier sentencia que modifique el estatuto.

Un Estado de derecho es, además, una maquina de prevenir situaciones que tengan relación con una interpretación jurídica controvertida; antes de que se produzca, acompasar la ley a las necesidades de la sociedad es una práctica legítima lejos del oportunismo cotidiano que existe en España.

Una vez que se ha desacreditado al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, se ha abierto la espita para que cualquiera que se vea perjudicado por una acción de estas instituciones se tire a la calle para protestar y no reconocer esos veredictos. La clase política de este país a colocado a España al borde de tener que comenzar desde cero en la construcción de un estado de derecho, y por lo tanto, de una sociedad transitable.