Més per Menorca busca convertir en ley la prioridad de los residentes a la hora de comprar una casa

Así, en el pleno de la Cámara se votará la iniciativa legislativa menorquinista que pretende otorgar prioridad a los residentes en la compra de viviendas, con el fin, señalan desde Més, «de parar la subida de los precios consecuencia de la gran avalancha de compras de propiedades por parte de fortunas extranjeras».

La propuesta de Més establece que, en zonas declaradas en emergencia residencial, durante los primeros dos años desde que una vivienda se pone a la venta, solo podrán adquirirla personas que acrediten un vínculo económico (contrato de trabajo indefinido) o un vínculo social prolongado (residencia de 15 años). Si después de este periodo de tiempo la vivienda no se ha vendido, durante los siguientes dos años podrán comprarla aquellos que tengan un vínculo social simple (residencia de seis años). Pasados estos cuatro años, la venta se abriría a cualquier persona. Además, mientras esté vigente la declaración de emergencia residencial, también quedaría prohibida la venta de viviendas a empresas.

«Revolucionar la situación»

El portavoz de Més en el Parlament, Josep Castells, ha destacado la importancia de esta iniciativa: «Tenemos encima de la mesa una propuesta que podría revolucionar la situación de la vivienda de estas islas, siempre que el resto de partidos se pongan manos a la obra». Castells ha subrayado que la propuesta «está fundamentada jurídicamente y es completamente aplicable», desmontando así las en su opinión «excusas» basadas en el hecho que puede contradecir la legislación europea. «Si la ley sale adelante recuperaremos el derecho de los isleños a vivir en su casa», ha afirmado.

Además, el diputado de Més per Menorca ha relatado que «ya está bien de ver los pueblos y ciudades llenos de casas y pisos vacíos, cerrados durante todo el año, que van cogiendo polvo y que solo se abren durante dos semanas de verano, mientras los residentes que quieren vivir aquí no encuentran un hogar y se ven obligados a buscar su futuro en otro territorio». Castells ha explicado que las consecuencias recaen también sobre la economía local: «También quedan desiertas las calles, los comercios, esto implica supresión de lugares de trabajo y empresas que cierran».

En este contexto, Castells ha hecho un llamamiento a los otros partidos políticos para que apoyen a la propuesta y defiendan los intereses de los residentes de Menorca y del resto de Baleares: «En esta votación, veremos quién está realmente junto a los residentes y quienes no». El portavoz menorquinista ha concluido que «es el momento que todos los grupos parlamentarios demuestren su compromiso con los ciudadanos de estas islas, que es a quienes nos debemos».