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El GOB ha denunciado que el Consell de Menorca haya confiado la parte ambiental de la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) a la misma consultora, Abril, que ha redactado los proyectos con piscinas ilegales en las fincas de Torre Vella y Sant Llorenç (Menorca Experimental), en el municipio de Alaior.

La organización ecologista recuerda que la empresa del ingeniero Antoni Roca es la misma que camufló piscinas como si fueran estanques o depósitos de agua en las fincas donde proyectaba los agroturismos.

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Para el GOB, se trata de un «descrédito mayúsculo» para un instrumento clave para la conservación de Menorca, que en 2003 eliminó 60.000 plazas turísticas que estaba previsto crear y fue reconocido con el Premio Nacional de Urbanismo.

La entidad recuerda que Menorca es una isla con los acuíferos subterráneos escasos, lo que lleva a paralizar promociones turísticas por falta de agua potable.

Por eso, la solución pasa por intentar disminuir las extracciones en los pozos a partir de un mayor aprovechamiento de las aguas pluviales o depuradas, trámite que Abril intentó evitarse en el caso de Sant Llorenç y Torrevella.

El apunte

El Consell defiende la contratación del técnico para el informe del PTI

El Consell ha respondido a las críticas del GOB sobre la contratación de un técnico para el informe de medio ambiente para la modificación del PTI que intervino en los proyectos de las polémicas piscinas de Torre Vella y Sant Llorenç, la consultoría Abril.

Afirma que se trata de «un reconocido profesional», que «no ha cometido ninguna infracción» y que es es autor de «centenares de proyectos» en la Isla y no solo los de las piscinas.

El Consell destaca también otros dos aspectos: que se trata de una empresa menorquina y que representa un ahorro de costes. Recuerda que Abril solo redacta el informe ambiental, con un contrato menor, cuyo coste no supera los 15.000 euros. Añade que de la misma forma se ha contratado a una asesora jurídica, a un economista, estos dos también menorquines, y a un arquitecto de fuera de la Isla, profesor de Universidad, para elaborar los distintos informes que acompañarán la propuesta de modificación del planeamiento insular.

Advierten del ahorro económico: «El PTI de la izquierda, aprobado una semana antes de las elecciones, se encargó a un despacho de fuera y costó 500.000 euros».