Los amarres de gestión pública son sobre todo para barcas de hasta ocho metros de eslora.

Los amarres de gestión pública son sobre todo para barcas de hasta ocho metros de eslora. | Fela Saborit

Pep MirMaó01/02/25 4:00
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El Ayuntamiento de Maó criticó, con una postura unánime, la gestión que realiza Autoridad Portuaria de Balears de los alrededor de 600 amarres de gestión pública del puerto. En el pleno del jueves, PP, Ara Maó y el concejal no adscrito Xisco Cardona apoyaron una propuesta del PSOE en la que se reclama un mantenimiento adecuado de estos atraques para que «no queden relegados a un segundo nivel», que no se incluyan en concesiones privadas y que se refuercen los criterios de las concesiones que velan por los intereses de embarcaciones de pequeñas esloras, aquellas que más abundan entre los navegantes locales.

El alcalde Héctor Pons fue muy contudente en su exposición. «Da la sensación que cada vez tener un amarre en el puerto de Maó es más complicado y en el caso de los de gestión directa, a menudo no cuentan con el mantenimiento ni la inversión necesaria», expuso.

Héctor Pons relató que «en los últimos años ha habido un par de intentos de colocar amarres públicos en concesiones, a precio limitado», por lo que apuntó que no es descartable que esto acabe sucediendo. Su postura es favorable a que estos amarres pequeños se tengan más en cuentan en los pliegos de condiciones, en detrimento de otros aspectos como el canon anual.«Queremos que tengan en cuenta la gente de aquí».El alcalde aseguró que durante su presencia en el Consejo de Administración de Puertos «por primera vez logramos que los criterios que más puntuan en los concursos no sean el aumento del canon y los ingresos, sino la rebaja de los precios».

El concejal no adscrito Xisco Cardona definió la situación de los amarres públicos como «drama» y recordó la sucedido en su día con el Club Marítimo de Mahón, entidad para la que pidió garantías de disponibilidad de pantalanes. Por Ara Maó, Jordi Tutzó expuso que el puerto «no es solo un negocio a explotar», al tiempo que lamentó la poca presencia que tiene el municipio en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas al puerto. Francisco Plaza, por parte del PP, defendió la mayor accesibilidad por parte de la población a los amarres, «todo lo contrario de lo que hace APB, que ha intentando eliminar amarres de gestión directa».

El PP presentó una enmienda por la que sustituyó la petición de «criterios sociales» en la moción del PSOE por una prioridad explícita para favorecer precios que garanticen el acceso de pequeñas embarcaciones.Los socialistas lo aceptaron y reconocieron que el adjetivo ‘social’ no es el más adecuado para hablar de amarres.