El solar de Catisa lleva años sin desarrollarse y tiene capacidad para casi 100 viviendas.    | Gemma Andreu

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En plena emergencia habitacional, cuando la oferta de pisos escasea, la demanda está desbocada y la promoción de viviendas sociales avanza con exasperante lentitud, grandes suelos edificables con cientos de potenciales pisos no terminan de ver la luz. Solares como los de Santiago y el de la antigua fábrica de Catisa, en Maó, o el de la zona de Repòs del Rei, en Es Castell, se han convertido en eternos aparcamientos provisionales a la espera de la inversión privada. ¿Qué está frenando su desarrollo?

Desde el sector inmobiliario apuntan a un doble factor con múltiples derivadas. Por la parte de los promotores, la consabida lentitud burocrática, y por la de los compradores, las dificultades de financiación. La incertidumbre económica es el problema transversal que afecta a las dos partes, imprescindibles ambas para que la oferta y la demanda fructifiquen en la construcción de nuevas viviendas en una isla que en los últimos siete años ha visto crecer en 10.500 personas su población mientras la construcción de bloques de pisos se ha estancado.

«Hay mucha lentitud en algunos ayuntamientos como Maó y Ciutadella y dudas interpretativas sobre lo que se puede hacer. Todo inversor necesita una mínima garantía. No puede ser que para conseguir una licencia se tarde 14, 18 o incluso 20 meses, que solo para reunirse con un ayuntamiento haya que esperar meses», lamenta José Pons, CEO de Bonnin Sanso, quien advierte de que el paso del tiempo encarece enormemente los proyectos.

Rigidez normativa

La lentitud burocrática se suma en algunos casos a la rigidez normativa. En ese sentido, el arquitecto Nando Pons señala al problema de las densidades (el número de viviendas máximas y metros cuadrados mínimos que se permiten en determinadas zonas) como el gran freno al desarrollo de solares como los de detrás del cuartel de Santiago, en Maó, donde no se permiten hacer pisos pequeños que se adapten a las necesidades de un nuevo perfil de demandante y hagan más viable la inversión. Considera que el Plan Territorial Insular debería ser la herramienta para facilitar por una vía rápida la construcción de más vivienda liberandose del corsé de los planeamientos municipales.

Mientras las promotoras se atascan en la maraña burocrática, tienen dificultades para garantizarse un mínimo de compradores en esas zonas urbanas con un perfil más humilde. Otro problema añadido es que los inversores necesitan cerrar acuerdos sobre plano antes de lanzarse a la construcción, pero «quién va a adelantar miles de euros sin saber cuál será su situación laboral dentro de unos años, sin saber si logrará financiación bancaria», se pregunta José Pons, quien añade otro problema, el de la construcción por fases. Los potenciales compradores de las primeras promociones en estos grandes solares se verán abocados a vivir años rodeados de obras y eso es un freno para lanzarse a una compra adelantada.

Okupación

Otro factor de incertidumbre al que apuntan desde el sector es el problema de los impagos y la okupación. La falta de una normativa que proteja a los propietarios, explica José Pons, no solo frena la salida de pisos vacíos al mercado, también los movimientos inversores para adquirir viviendas y ponerlas en le mercado del alquiler y en consecuencia las garantías de venta por parte de los promotores. Teniendo en cuenta que el mercado se está reactivando solo gracias al aumento de precios en la venta y el alquiler, Nando Pons tiene claro que la única salida para conseguir vivienda asequible es una iniciativa pública más decidida: «tendrían que construirse cien pisos sociales al año».