Pons pide, eso sí, que se facilite al máximo la tramitación a quienes deseen promover un proyecto de visitas, ya que por regla general acostumbra a demorarse en exceso. A modo de ejemplo, cita el caso de Talatí de Dalt, cuyo predio de 63 hectáreas adquirió en 1990 y que hace unos 15 años, con la ayuda del arqueólogo Joan de Nicolás, fue «el primero» en gestionar una iniciativa de este tipo. «Pero en el poblado aún funcionamos con un quiosco de madera para atender a los visitantes, cuando el PTI prevee que sea fijo», apunta.
El presidente del colectivo advierte que, en caso contrario, se puede desincentivar el interés de los propietarios que, «sobre todo, no quieren quebraderos de cabeza. La explotación de la visita turística a un monumento no da mucho por sí mismo, pero es un buen complemento de la renta agraria. Algo así como el Contrato Agrario Reserva de Biosfera (CARB), que compensa a los ganaderos para levantar de nuevo los tramos desprendidos de paret seca».
Bernat Pons, quien tiende su mano a la administración «para colaborar en lo que se precise», dice haber notado este verano el ‘pinchazo’ del turismo nacional. «Los años anteriores a la declaración se multiplicaron los visitantes en los monumentos, pero esta temporada la tendencia se ha frenado. Es cierto que veníamos de una promoción muy fuerte, que estaba dando sus frutos, pero seguimos confiando en el potencial de esta iniciativa, que puede contribuir decisivamente a diversificar la oferta turística de Menorca».
En manos privadas
276 yacimientos y sus paisajes asociados, más del 90 por ciento de los incluidos en la candidatura remitida a la Unesco, están enclavados en terrenos de titularidad privada. En tota la Isla están inventariados 1.586 monumentos, protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).
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