Los sectores relacionados con la construcción y las reformas esperan que permita agilizar las licencias

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Los colegios profesionales ya se han puesto a trabajar para analizar cómo aterrizar en la realidad menorquina la vía abierta por el decreto ley de simplificación administrativa para que los ayuntamientos pongan en manos de empresas privadas –las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas– la tramitación de licencias.

Algunas ya tiene muy claro los beneficios de esta novedad legal para agilizar la concesión de permisos, como el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears (Coeib), que ya se ha puesto manos a la obra para crear una entidad de este tipo, según adelantaba este jueves a este diario en representación del colegio el ingeniero Dámaso de la Cruz.

También desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Illes Balears (Coaib) explicaban este jueves que «si hay ayuntamientos interesados nosotros tenemos que estar dispuestos a dar este servicio», en palabras del presidente en Menorca de la entidad, Enric Taltavull, quien subrayó que el colegio puede promover la creación de una entidad colaboradora urbanística o bien establecer colaboraciones con alguna empresa de este sector que ya esté constituida y certificada.

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Primero tendrán que analizar con lupa el complejo articulado del decreto de simplificación que regula esta figura que ya quita trabajo a los técnicos municipales en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. «Ya hay empresas a nivel nacional que se están ofertando en Balears para hacer esta colaboración con los ayuntamientos», revela Taltavull. La idea es, con el objetivo de desatascar la tramitación de licencias, que los Consistorios puedan recurrir a la externalización para que sean empresas especializadas las que elaboren, entre otras cosas, los llamados certificados de conformidad urbanística, que vendrían a sustituir los informes técnicos muncipales.

«Si se hace bien, el efecto sobre la agilización de licencias puede ser muy grande, calculamos que el plazo en la concesión puede bajar hasta los seis meses fácilmente», explica de la Cruz, quien recuerda que desde el colegio de ingenieros llevan años batallando para lograr este «avance». En ese mismo sentido, Taltavull denunció que «hay una dinámica de retrasos en la concesión de licencias totalmente injustificada, con licencias que pueden llegar a tardar hasta tres o cuatro años», cuando legalmente –cabe recordar– el plazo debería ser de tres meses. «Nosotros estamos por colaborar y tenemos que debatir en junta de gobierno, esperemos que lo tiremos hacia adelante con alguna propuesta concreta, explica Taltavull.

En el tejado de los consistorios

Ambos profesionales apuntan, no obstante, a una realidad: la pelota está en el tejado de los ayuntamientos. En reuniones mantenidas en los últimos años no han detectado demasiada disposición por parte de los ayuntamientos de la Isla en asumir este modelo. De la Cruz explica que no muchos están por la labor. No obstante, el Consistorio con mayor población de la Isla, Ciutadella, ya avanzaba este jueves que «es una posibilidad factible, nosotros como ayuntamiento estamos de acuerdo, todo lo que sea agilizar licencias urbanísticas con garantías legales es un beneficio para el ciudadano».

Desde el otro gran núcleo de población de la Isla, el Ayuntamiento de Maó prefiería este jueves no posicionarse todavía, a la espera de llevar a cabo una «lectura exhaustiva» del nuevo articulado que se acaba de incorporar a la ley balear de urbanismo a través del decreto ley de simplificación administrativa.

El apunte

La federación de entidades locales, a favor: «Aligera cargas municipales»

La Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib) se mostró este jueves a favor del decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Govern al considerar que «ayudará a los ayuntamientos con lo que «hasta ahora eran trabas burocráticas», según explicó su presidente, Jaume Ferriol, alcalde popular de Maria de la Salut.   

Entre las medidas que destacó este jueves la federación a través de un comunicado está la posibilidad abierta de que los ayuntamientos puedan iniciar una colaboración público-privada para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.