Plantas bajas comerciales en la calle José María Quadrado de Maó. | Katerina Pu

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Los votos en contra de los ocho regidores del PP, sumados al del regidor no adscrito, Xisco Cardona, más la abstención de Ara Maó, bloquearon la propuesta presentada ayer por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, relativa a la conversión de locales comerciales en viviendas, en determinados puntos de la ciudad en los que no hay ejes comerciales, y la posibilidad de crecer en altura. De esta forma, el municipio rechaza por completo el Decreto de Medidas Urgentes promovido por la consellera balear, Marta Vidal el pasado octubre. La propuesta contó con 9 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones.

Pese a la abstención de los regidores de Ara Maó, los votos contrarios de la oposición fueron suficientes para que el grupo socialista perdiera la votación que deja sin efecto en el municipio este decreto. Aunque en la sesión plenaria faltaron un regidor del PSOE y otro de Ara Maó por indisposición, la mayoría del bloque de derechas bastó para tumbar esta medida y también la de permitir el crecimiento en altura en aquellas zonas en las que hay bloques elevados de pisos.

Estas dos disposiciones eran las únicas que el gobierno del PSOEhabía considerado aplicables en el municipio el grupo socialista, desechando las de la división de inmuebles de gran tamaño o la de la conversión de equipamientos públicos y privados en vivienda.

«Son ustedes los que deberán explicar a la gente que tiene un local y lo quiere convertir en vivienda por qué se lo han impedido con su voto», indicó Héctor Pons, al portavoz de PP, Mateu Ainsa, tras la votación. El alcalde consideró ilógico que lo hicieran y votaran en contra de una medida incluida en un decreto de su propio partido.

El estudio encargado por el equipo de gobierno a un grupo de arquitectos, junto a los técnicos del propio Consistorio, tras la publicación del decreto el pasado octubre había reforzado la posición inicial del equipo de gobierno, contraria a la mayoría de los artículos del decreto, explicaron ayer el alcalde, Héctor Pons, y la teniente de alcaldía Dolors Antonio en rueda de prensa. «No es un decreto pensado para Maó», dijo el primer edil, quien destacó el Plan General de la ciudad que ya le permite un crecimiento ordenado y la disponibilidad de suelo para seguir construyendo vivienda pública.

De hecho, de los cuatro artículos que son potestad municipal, solo llevaron al pleno para su aprobacion la conversión de locales siempre que no estén ubicados en los ejes comerciales y la posibilidad de crecer en altura en las calles con bloques de pisos, lo que habría supuesto una incidencia mínima puesto que se limitaba a las calles Avinguda Menorca, Miquel de Verí, Sant Esteve y Fort de l'Eau.

Antonio recordó que esta conversión ya estaba permitida, sujeta a requisitos. De haberse aprobado ayer la conversión de locales en viviendas se habría eliminado el requisito de que cada uno tuviera una plaza y media de aparcamiento en cualquiera de las zonas aptas, como hecho más diferencial respecto a lo que se podía hacer hasta ahora. Quedaban excluidos de esta aplicación los locales de las calles de la Avinguda Menorca, el puerto, Vía Ronda y calle Francesc de Borja Moll, Fort de l'Eau, las calles del centro histórico, el Cós de Gracia hasta Santiago Ramón y Cajal, Vives Llull y Sant Esteve. El PP señaló que con estas limitaciones apenas quedarían locales para convertir en viviendas, con lo que se perdía una oportunidad única para ampliar el parque de viviendas.

Según el estudio encargado por el Ayuntamiento, esta medida podía suponer que 4.000 personas más vivieran en estos locales reconvertidos, tanto vacíos como con actividad, a una media de tres personas por local, sin que el Ayuntamiento revelara el número total ni cuántos están cerrados actualmente.

En cuanto a la medida de división de viviendas grandes, la rechazaba el PSOE porque supondría una intensificación de la densidad poblacional, indicó Dolors Antonio. El PSOE también rechazaba la conversión de equipamientos públicos y privados en vivienda, en contra del decreto. Los públicos alternativos ya pueden tener este uso residencial de vivienda protegida «pero el decreto solo lo permite en régimen de alquiler por lo que restringiría nuestro Plan General, no es adecuado».