Además Herrán de Viu defendió que «no se van a dar licencias discrecionales» sino ceñidas a las Normas Subsidiarias, «antes de permitir aumentar una altura» –otra opción que contempla el decreto–, «hay que autorizarla, debe haber un informe técnico preceptivo y si el edificio no tiene consistencia o estabilidad, se denegará», aseguró el edil.
En resumen, «no ha habido ninguna avalancha» de solicitudes ni se espera, según el argumento del equipo de gobierno, lo que por un lado neutraliza las acusaciones de la portavoz del PSOE, Silvia Pérez, quien afirmó que el decreto es «una barra libre» y que se podrá hacer «un hotel de diez pisos en Binibèquer, no hay límite», pero por otro lado reduce las expectativas de que la medida pueda hacer aflorar muchas viviendas, en pueblos como Sant Lluís, para aliviar la situación del mercado del alquiler.
Posibles indemnizaciones
La socialista Silvia Pérez advirtió que no suspender la aplicación del decreto, para determinar «hasta dónde se puede llegar en el municipio» puede provocar que se inicien expedientes que después, si se revocan, podrían comprometer al Ayuntamiento y que este tuviera que afrontar indemnizaciones, postura compartida por el grupo Volem, que votó con el PSOE y reclamó una «suspensión cautelar» hasta que el Ayuntamiento «decida qué disposiciones quiere aplicar».
El decreto de emergencia habitacional para generar vivienda a precio limitado está vigente, recordaron desde los grupos de izquierda, sus medidas «son aplicables por defecto», señaló Emma Navarro, de Volem, por lo que «los expedientes que se inicien hasta que el Ayuntamiento tome una decisión o no, son válidos, y echarlos atrás podría llevar a indemnizaciones». Pero para el concejal de Urbanismo, Alberto Herrán, el decreto «no puede ocasionar problemas en Sant Lluís», dadas sus dimensiones, señaló, no es comparable con los casos de Maó y Ciutadella.
Cristóbal Marquès (PP): «Se dan herramientas y cada municipio decide cuáles toma»
El dirigente del PP, Cristóbal Marqués, interpreta en las mociones presentadas en los ayuntamientos «una política clara de la izquierda para bloquear un decreto» que, subraya, «no vulnera competencias» ya que deja elegir a los ayuntamientos lo que aplican o no. «Se dan herramientas para tener más vivienda y cada municipio estudia cómo le afecta y decide cuáles toma», explica, una vía más ágil que la modificación de un Plan General «que tardaría meses o años». Marqués asegura que era una demanda municipal, «lo habíamos pedido» desde la oposición y que en los ayuntamientos en los que gobierna el PP se aplicará «en diferentes formatos, según lo que necesite el municipio».
En este sentido declara que en el Ayuntamiento de Es Mercadal, PP y L'Entesa, mayoría de gobierno, «no votaron la moción del PSOE» sino una propuesta consensuada para la suspensión momentánea del decreto con el fin de analizarlo, «no quiere decir que estén en contra del decreto como se hace ver».
Marqués insiste en que las competencias municipales no se conculcan, como critican los socialistas en su moción, sino que los ayuntamientos pueden decidir. «El Govern anterior no daba la potestad de elegir, y un ejemplo es el decreto 9/2020, como no se desarrollaba una zona directamente te la quitaba y lo declaraba rústico, eso es invadir competencias municipales», asevera.
El apunte
Es Castell también decide aplicarlo en paralelo a su análisis
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