El Consell tasa el aeroclub nueve meses después de que se anunciara su compra

La Dirección Insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, a cargo de Begoña Mercadal, ha publicado la petición de propuestas para el contrato menor de los servicios de tasación del aeródromo, situado entre los municipios de Maó y Sant Lluís, con el único objetivo de «saber lo que estamos comprando» si el precio, independientemente de lo negociado en el pasado mandato y de otras tasaciones que haya podido realizar el Ministerio de Defensa, «es correcto y razonable, la Administración debe saber qué es lo que está pagando», señala el presidente.

El contrato que oferta ahora el Consell, y para el cual se podían presentar ofertas hasta el 29 de septiembre, tiene por objeto la valoración económica de los terrenos –una extensión de más de 750.000 metros cuadrados–, edificios, instalaciones, infraestructuras y cualquier otro contenido de la parcela contigua, en la que se halla situado el radiofaro VOR.

El plazo de ejecución del servicio es de quince días a partir de la firma del contrato menor. En paralelo, la Conselleria de Presidencia ha dado otros pasos para poner en marcha esta adquisición, que fue uno de los asuntos comentados en la primera reunión mantenida entre Vilafranca y la directora insular de la Administración General del Estado, Isabel López Manchón, el pasado julio. Vilafranca señala que se ha solicitado información sobre los terrenos afectados, en los que se asienta el Real Aeroclub de Mahón, al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa; datos relativos a los límites de la zona y las posibles cargas.

También se ha remitido un escrito a la entidad de aeronáutica deportiva para que plantee una petición formal de adquisición de los terrenos al Consell, así como sus argumentos, ya que tampoco había una documentación en este sentido. Se trata, explican desde Presidencia, de que la solicitud que manifestaron a los anteriores responsables políticos tenga una entrada oficial en la institución. Todos estos formalismos se habrían obviado en el anterior mandato, explican, pese a que en diciembre de 2022 se dio por hecho el acuerdo alcanzado por el Consell y el Ministerio de Defensa e incluso se anunció a los socios del aeroclub por parte de la junta directiva.

El acuerdo que trascendió fijaba un precio de 3 millones de euros a pagar en cuatro anualidades de 750.000 euros, una cifra muy alejada de los 10 millones en los que inicialmente valoró los terrenos el Ministerio, cuando decidió ponerlos a la venta.

La incertidumbre pesa sobre el aeroclub desde hace 20 años, cuando se inició el proceso de reversión de parcelas a los antiguos propietarios; sin embargo todo se precipitó en 2022 cuando Defensa comunicó a la directiva que para disponer de las instalaciones debería pagar un alquiler que ponía en peligro su supervivencia: 45.000 euros anuales, ya que el Ministerio abonaba a los ayuntamientos de Sant Lluís y Maó el IBI y otros recibos por valor de unos 56.000 euros. Esta situación límite hizo que la institución insular se implicara y pactara la compra del aeródromo.