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Un mes y medio después de la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, las diferentes agencias inmobiliarias mantienen que esta normativa no servirá para solucionar el problema de la vivienda en España y, concretamente, en Menorca. La ley arrancó su aplicación el pasado 26 de mayo tras un camino de más de dos años repleto de polémicas.

«Solo favorece a quien está dentro de la vivienda, a quien está buscando un piso le dificulta el proceso», asegura Isabel Petrus, gerente de Casas en Menorca. Entre otras cosas, la normativa supone cambios de gran importancia en el procedimiento de desahucios, al incorporar requisitos más exigentes para desalojar, como la elaboración de un informe que acredite la situación de vulnerabilidad de quienes estén habitando la vivienda.

La ley también contempla la aplicación de una especie de arbitraje, un procedimiento de conciliación o intermediación entre las partes, y la fijación de una fecha y una hora para llevar a cabo los desahucios. Todo esto, sumado a la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad, puede provocar que se aplacen los procesos hasta dos años.

Inseguridades

«La ausencia de garantías para el propietario hace que las condiciones del alquiler sean nefastas, la ley no favorecerá que haya más oferta», explica Petrus. «Desampara al propietario y va en contra de los objetivos de mejorar el acceso a la vivienda», añade José Pons, director comercial de Bonnin Sanso. Coinciden los dos en que la normativa no ayuda, sino que «recrudece» aún más la situación y genera más inseguridades entre los propietarios por posibles impagos u okupaciones. «Les hace repensar y dejar de alquilar», concuerdan.

Desde las agencias inmobiliarias vaticinan que bajará la oferta del alquiler porque, además, están proliferando los nuevos okupas. Explica Isabel Petrus, de Casas en Menorca, que los nuevos okupas son aquellos inquilinos que dan la señal o un mes de alquiler para entrar y, después, dejan de pagar. «Cuando esto ocurre, el propietario debe armarse de paciencia, tiempo y, en muchos casos, dinero» para hacer frente a la situación, subraya José Pons, de Bonnin Sanso. Esto, sumado a que la compraventa de viviendas está en caída libre por las subidas de los tipos de interés, les hace prever que la nueva ley «complicará aún más» el contexto y que «los efectos no serán positivos». Agrega José Pons que el hecho de que el nuevo Govern balear haya anunciado que no declarará en las islas las llamadas zonas tensionadas que contempla la ley «desvirtúa» la normativa.

Cumplimiento

De momento, afirman que la ley «no ha tenido incidencia». A diferencia de Mallorca, donde Facua ha denunciado a cinco inmobiliarias de Palma por cobrar a los inquilinos honorarios y gastos de gestión, vulnerando la normativa que establece que estos costes deben ir a cargo de los arrendadores, en Menorca no se han detectado todavía estos casos.

«La interpretación ha sido clara y no hay dudas», confirma José Pons, de Bonnin Sanso. Aun así, desde las agencias inmobiliarias insisten en la importancia de no politizar la vivienda. «Hay que buscar soluciones creativas, la vivienda es un problema extremo, que requiere de un Pacto de Estado, y en Menorca habría que declarar la emergencia insular en esta materia», concluye Isabel Petrus, de Casas en Menorca.