«Limitar la compra a los extranjeros no hará la vivienda asequible a la población local»

«Desigualdades en el acceso a la vivienda, una mirada interseccional» es el título de su ponencia. ¿Qué nos puede avanzar?
—Pretendo dar una ojeada rápida a la situación de la vivienda, subrayando los principales problemas que sufre el sistema español en general, básicamente, la crisis de asequibilidad y mantenimiento de la vivienda en el segmento del alquiler, y la escasa intervención pública que se ha agravado en la última década por la caída de viviendas de protección oficial. También quiero dar visibilidad a la emergencia habitacional, que afecta a toda la población en mayor o menor medida. Aunque apareció con el estallido de la burbuja, es un problema que se ha cronificado hasta tal punto que podría acabar siendo una característica de nuestro sistema de vivienda.

¿Abordará estos temas desde esa «mirada interseccional»?
—El grueso de la presentación será el análisis específico de las diferentes formas de exclusión residencial características de los diferentes subgrupos de población, entre los que están los jóvenes, las personas mayores y las mujeres. De ahí lo de la mirada interseccional, en la que también se tiene en cuenta la procedencia como factor de exclusión residencial de la población migrada, uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir este problema.

¿Cree que si la oferta y la demanda estuvieran en equilibrio desaparecería el riesgo de exclusión residencial?
—El concepto de oferta y demanda es muy económico. Lo que está claro es que el mercado libre de vivienda, por evidencia empírica e histórica, no es capaz de resolver por sí mismo todas las necesidades residenciales de la población. Es cierto que un mercado con unas características diferentes y con mayor equilibrio podría ayudar a que el nivel de exclusión fuera inferior. Si hubiera mucha demanda de alquiler y mucha oferta, aunque no fuera asequible para todo el mundo, sería difícil que se dieran tensiones inflacionistas en los precios. Aparte, es fundamental el modelo de intervención pública que fomenta la vivienda asequible, la regulación de los actores y las ayudas directas. También es muy importante toda la actividad legislativa y fiscal que se relaciona con la vivienda. El impacto de todas estas actividades públicas que constituyen la política de vivienda dan forma a las características de los sistemas propios de cada país. En España tenemos un sistema de vivienda que, históricamente, desde el periodo franquista hasta hoy, está marcado por una muy baja intervención y por una posición predominante de los sectores privados. Esto, con el paso del tiempo, ha ido creando desequilibrios que no se han resuelto y que, si se quisieran resolver hoy, habría que tener en cuenta que las políticas de vivienda son lentas. Necesitamos pactos sociales, estabilidad y presupuesto.

En Balears, el Govern es partidario de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. ¿Cómo valora esta propuesta?
—Es una de las medidas sobre la que menos he reflexionado porque es muy poco usual. Puede tener cierta utilidad, pero no resolverá los problemas de asequibilidad de la población local. Me surge la duda de cómo establecer mecanismos de control de la norma. Aparte, no sé hasta que punto sería legal y podría ser bastante fácil de saltarse mediante la creacion de sociedades empresariales localizadas en una parte del territorio. Me parece una medida a valorar, sobre todo por el impacto que puede tener. A veces hay medidas que pueden tener un efecto contraproducente o peor que el beneficio esperado.

¿Cómo resolver las necesidades residenciales de los colectivos más vulnerables que mencionaba antes?
—En los países en los que hay una buena política de vivienda, las ayudas generales no benefician o no hacen que mejore la dificultad residencial de algunos grupos de población y por eso es necesario que se desarrollen medidas específicas para ellos. Insisto en que, aquí, el problema es estructural porque hay una escasa intervención pública. En este contexto, no tiene sentido impulsar ayudas específicas. Por lo que hay que apostar es por ampliar la política de vivienda y, solo en aquellos casos en los que no se atienda a determinados segmentos de la población, complementarla con medidas específicas.

¿Cuáles son los casos más graves de exclusión residencial que han detectado en el Observatorio?
—Nosotros segmentamos por género, grupos de edad, procedencia... Cuando estas variables se entrecruzan es cuando se dan los casos más graves de exclusión residencial. Por ejemplo, una familia monoparental encabezada por una mujer joven de procedencia extranjera probablemente tendrá más dificultades para acceder a una vivienda digna.

Cuando hablamos de estos casos de exclusión residencial, ¿nos referimos también a los sintecho y okupas?
—Son una expresión más de este problema. Las personas sin hogar y sin techo son un ejemplo de exclusión residencial extrema. No tienen control social del espacio en el que viven, tampoco físico ni jurídico, porque viven en el espacio público. Sobre este tema hay un discurso que señala a las personas sin techo como responsables de su situación, pero la evidencia demuestra que la gran mayoría está así por un fallo del estado del bienestar y de toda la sociedad en cuanto a la protección de unos derechos básicos. Por otro lado, las personas que habitan una vivienda sin contrato de alquiler o sin título de propiedad lo hacen con la amenaza de ser deshauciadas y, por tanto, son otro ejemplo de exclusión residencial. Aquí hay que tener en cuenta que una vivienda digna tiene que ser asequible, adecuada y garantizar la seguridad en la tenencia.