El acceso a la vivienda, que nunca ha sido tarea fácil, resulta cada vez más difícil a causa de la poca oferta existente y las fuertes subidas de precios. Esta situación, que afecta a toda la sociedad, se acentúa aún más en la población migrante. La existencia de una discriminación racial en el acceso a la vivienda que realizan al menos una parte de las agencias inmobiliarias y los particulares arrendadores a personas extranjeras deriva en un fenómeno de bloqueo residencial específico de estas personas; una realidad que ha llegado a normalizarse incluso entre los afectados. «Siempre somos los últimos», comentan desde la comunidad islámica de Menorca.
Los mecanismos discriminatorios para negar el acceso a una vivienda y poner barreras a la integración residencial de los inmigrantes residentes en la Isla pasa de la estigmatización racial y cultural, que se activa a través de las características físicas o el acento, a la aporofobia o estigmatización de la pobreza. De hecho, presuponer que los extranjeros tienen un bajo nivel socioeconómico y que harán un mal uso del inmueble arrendado son dos de los prejuicios que más alimentan el racismo y la xenofobia en el mercado del alquiler; una problemática que ya se conoce como racismo inmobiliario.
«Esto no es algo nuevo, viene de largo», advierten desde la asociación de ecuatorianos residentes en Menorca. «Siempre ha habido racismo en la búsqueda de empleo o de un piso», especifican. En ámbitos como el acceso a la vivienda es, precisamente, donde se registra la tasa de discriminación más alta, según publica un informe promovido por el Ministerio de Igualdad en el que se alerta del «racismo estructural» que todavía persiste en la sociedad: hasta un 31 por ciento de las personas de origen étnico o racial encuestadas sufrieron discriminación en la búsqueda de un inmueble en España en 2020, el último año analizado.
«No es un racismo directo, pero hay un trato diferencial», explican desde la comunidad islámica de Menorca. Se refieren al exceso de documentación requerida, al reajuste de las garantías exigidas y a los engaños o excusas sobre la disponibilidad de viviendas. «Si te pueden rechazar, lo hacen, diciéndote que hay más gente o que los inmuebles ya están alquilados», denuncian. «Conocemos algunos casos en los que, a través de una llamada telefónica, se ha declinado la solicitud de una mujer sudamericana para concertar una primera visita y se ha aceptado la de su marido español», apuntan desde la asociación de ecuatorianos residentes en Menorca.
Vulneración de derechos
La discriminación racial en los procesos de acceso a la vivienda acaba generando una vulneración directa de los derechos humanos. Aunque existe un marco normativo tanto nacional como internacional para garantizar la no discriminación en el ingreso al mercado inmobiliario, la realidad es otra. «Hay prejuicios muy arraigados y desconfianza» hacia lo que se sale de lo considerado como tradicional, aclaran desde la Dirección Insular de Vivienda, Voluntariado y Participación del Consell.
«Además de existir una discriminación racial, hay una exclusión de jóvenes y familias monoparentales del derecho a la vivienda», detalla el equipo técnico del programa piloto Lloguer Ètic del Departamento de Vivienda del Consell. A estas cuestiones, Daniel Fernández, uno de los delegados de la Asociación de agentes inmobiliarios de Balears (API) en Menorca, responde con que «en las propiedades que tenemos alquiladas, un alto porcentaje de inquilinos son árabes y hay gente de todo tipo».
No es un fenómeno generalizado, pero los casos aislados en los que el origen, el color de la piel o el acento diferente penalizan a la hora de buscar piso tienen ya una presencia significativa en la Isla. «Nos encontramos con personas que se extrañan cuando les ofrecemos ver un inmueble, porque no han llegado a tener esa oportunidad», revela el equipo técnico de Lloguer Ètic, que actualmente gestiona el alquiler de 22 viviendas en las que viven, mayoritariamente, inquilinos de distintas nacionalidades que cumplen con los requisitos para acceder a ellas y que tienen la suficiente solvencia económica como para afrontar el pago de la renta.
Situación de «infradenuncia»
La ausencia de medidas, la dificultad para detectar o demostrar la discriminación racial y el miedo a dar a conocer el caso por posibles represalias desemboca en procesos de exclusión residencial que, sin embargo, no llegan a ser denunciados. Existe, según el Ministerio de Igualdad, una «
