Capitanía Marítima pide poner límites y orden a fondeos y amarres en la costa

Toda petición que llega a Costas requiere para su autorización el informe preceptivo y vinculante del, en el caso de Menorca, jefe del Distrito Marítimo, que ejerce las funciones de capitán marítimo, y de la Conselleria balear de Medio Ambiente. El primero es responsable de la seguridad marítima, la navegación y la contaminación y sobre esos criterios valora las peticiones que llegan a Costas.

José Luis Ortega, que lleva dos décadas desempeñando esa función, explica alguna de las razones por las que ha informado negativamente las autorizaciones de Sant Lluís y algunas otras en los últimos años. En el primer caso, recuerda que en Sant Lluís había 300 fondeos en 2006 y dos años después ya informó en contra. Así y todo, el crecimieto ha sido exponencial desde entonces y hoy son 500. Lo mismo ha ocurrido en otros puntos de la costa, incluidas zonas de baño.

«El mar es libertad y también un medio público en el que no hay límites, pero exige seguridad e igualdad de condiciones para todos los usuarios», explica. Es una de las razones por las que pide que la administración, el Consell y los ayuntamientos en el caso de Menorca, se pongan de acuerdo en la elaboración de un plan, director de costa o la denominación que se elija, una versión litoral del PTI. Y que sea la administración la interlocutora de los usuarios, agrupados en asociaciones o individualmente, ante Costas. En la ley de la biosfera se habla de este plan, «bien, pero hay que desarrollarlo, las competencias no son todavía del Consell», agrega.

Es la misma idea expuesta por la alcaldesa de Ferreries, Joana Febrer, en la última reunión de alcaldes. El problema les afecta a todos, que sufren además la presión de los amarristas por ser la institución más cercana y la que puede influir ante Costas.

En la ordenación costera, recuerda Ortega, hay una parte política indiscutible como es la restricción del fondeo en determinadas calas o puntos del litoral y establecer criterios, «no todas las zonas son iguales. Si en tierra se habla de masificación, en el mar se va en la misma dirección. No hay un máximo establecido ni límites de embarcaciones, salvo el fondeo con ancla sobre praderas de posidonia», precisa. Alaba en esa línea los campos de boyas públicas en Fornells, Illa de l'Aire e Illa d'en Colom cuyo uso se puede reservar a través de una aplicación, «proteges el medio ambiente y das opciones al usuario», dice.

Si han proliferado los bañistas también lo han hecho las actividades náuticas, que igualmente requieren permiso para el uso de rampas y otros elementos. «Se llegarán a convocar concursos públicos como en los puertos, todos tienen los mismos derechos», advierte ante lo que puede venir.

Las cuatro asociaciones de amarristas radicadas en Addaia han disfrutado de una concesión de quince años que ha finalizado en 2018. Desde entonces tienen una autorización temporal a la espera de renovación. Ortega no es partidario de concesiones tan largas siempre y cuando no vayan acompañadas de servicios como la señalización, la gestión de residuos, vigilancia surtidor de combustible y el mantenimiento de las infraestructuras.

Estas asociaciones son algunas de las que han hecho llegar su preocupación ante una renovación que tarda en llegar desde Madrid. Otros son los Amics des Riu de Cala Galdana, donde se trabaja para que los ayuntamientos de Ferreries y Cala Galdana compartan la titularidad.

Este es un punto caliente, la citada asociación gestiona 95 amarres y las nuevas solicitudes se dirigen a las boyas del exterior de la cala. Además concentra mucha actividad náutica con alquiler de embarcaciones. «Hemos llegado a un punto en el que no es seguro», concluye.