El Centro de Menores de Maó, conocido como Casa de la Infancia, en la Avinguda J. Anselm Clavé. | Katerina Pu

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El equipo interino de auxiliares educadores del Centro de Menores de Maó asegura sentirse «desamparado» ante el «maltrato institucional» que sufre desde que se le anunció, el pasado mes de junio, el cambio de las plazas de auxiliar educador a integrador social, una decisión que deja fuera del proceso de oferta pública de empleo a cuatro trabajadoras interinas que, hasta ahora, gozaban de plaza fija por una antigüedad, en algunos casos, superior a los 15 años.

Las afectadas, que, además de contar con la experiencia de una larga trayectoria profesional, tienen estudios superiores a la FP de Integración Social que ahora se exige en la oferta pública, piden «respeto y justicia» y alegan estar «formadas y cualificadas» para ocupar las plazas que ahora les deniegan. Educadora social, pedagoga, técnico en educación infantil... Todas ellas poseen «estudios del mismo campo que la titulación exigida» y, por ello, afirman que pueden desempeñar las funciones de un integrador social.

De hecho, tal y como, según las afectadas, les pidió el Consell de Menorca, ya han solicitado un documento en los colegios oficiales donde se avala que son aptas para desempeñar sus cargos en el Centro de Menores de Maó, un trabajo que, explican, «realizamos por vocación desde hace muchos años y que es muy duro emocionalmente». Por ello, toda esta situación les genera «inquietud y malestar» y reclaman que se las escuche.

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Los puestos de auxiliar educador que ahora salen a concurso como integrador social dejan fuera al equipo interino, pero, también, a los integrantes de la bolsa de suplentes. «Es gente formada que, por méritos, podría aprovechar estas plazas y no tendrá la oportunidad», critican. Así, en total, contando al equipo interino y a los suplentes, las personas perjudicadas por esta nueva exigencia del puesto de trabajo —que se deriva de la Ley de estabilización, que obliga a todas las adminsitraciones a aprobar ofertas públicas de trabajo, influyendo en la interinidad— son alrededor de 12.

«Nos quedamos en la calle», lamentan. No pueden defender la plaza con sus titulaciones ni tienen derecho a una indemnización. «Estamos abiertas al diálogo, a seguir formándonos para poder acceder al proceso de estabilización», aseguran. Sin embargo, la respuesta de la Administración, declaran, «siempre es negativa».

Además, la FP de Integración Social implica dos años de estudios, por lo que, a estas alturas, no llegarían a tiempo para presentarse a las nuevas oposiciones. «Nuestro trabajo conlleva una formación continua, no tendríamos problema en estudiar lo que nos pidan, pero no nos dan margen», le reprochan al Consell. En este sentido, sugieren, a modo de solución, una convocatoria de plazas C2, acorde al título de graduado en ESO que, según explican, se exigía hasta ahora para acceder a su puesto de trabajo.

«No sabemos qué tipo de presión hay, por qué en un principio nos dijeron que nos facilitarían el acceso al concurso y ahora nos niegan la oportunidad de presentarnos a la estabilización», se pregunta el equipo interino de auxiliares educadores del Centro de Menores de Maó. Las afectadas anuncian que quieren seguir en su puesto de trabajo y avisan que «vamos a luchar» para solucionar una situación que califican de «injusta». «Merecemos un trato más humano después de más de 15 años trabajando y una oportunidad para continuar», concluyen.