Pacientes aguardan su turno para realizarse una prueba en la unidad de Canal Salat | Josep Bagur Gomila

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El certificado covid, que debía impulsar la vacunación con un acceso sin problemas a la vida social y sobre todo garantizar la movilidad, poder viajar dentro y fuera del país, se ha convertido en esta sexta ola en un quebradero de cabeza para personas inmunizadas que no pueden renovarlo.

Los cambios en el protocolo para aplicar la dosis de refuerzo, aprobados por el Ministerio de Sanidad, y la decisión de la Conselleria balear de Salud de primar las pruebas de tests rápidos de antígenos frente a las PCR, han hecho que muchas personas que han pasado la enfermedad, se queden atrapadas en una espera sanitaria y burocrática que les afecta en su día a día.

«El 7 de marzo me caducará el certificado covid y no me recomiendan volver a vacunarme hasta el próximo 7 de junio, por tanto no podré viajar, ir a la piscina o a un restaurante», explica un afectado que prefiere guardar su anonimato, «es una clara injusticia hacia las personas que nos hemos vacunado y que queremos seguir haciéndolo».

Aunque hay que matizar que en el ámbito balear, la prueba de antígenos es una prueba documental válida para acreditar que se ha pasado la covid-19 y acceder a locales, no sucede lo mismo con el pasaporte covid de la UE para poder viajar.

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El caso de este ciudadano refleja la situación de muchas personas que se han infectado en esta ola de la pandemia, masiva en cuanto contagios debido a la variante ómicron. Y es que después de tener la pauta completa y de estar a punto de recibir la tercera dosis, se han contagiado.

Al confirmarse su positivo por test de antígenos y no por PCR, cuando les caduque el certificado covid –a partir del 1 de febrero caducará si han pasado nueve meses desde la segunda dosis–, no podrán obtenerlo otra vez. Ni tienen una PCR que justifique que han pasado la covid-19, imprescindible para el pasaporte europeo, ni tampoco la dosis de refuerzo que les permita obtenerlo por la vía de la vacunación.

La Comisión de Salud Pública acordó el pasado martes ampliar el plazo recomendado que debe transcurrir entre la enfermedad y la tercera dosis, que ahora pasa a ser de cinco meses. Pese a esta recomendación, el plazo mínimo legal se mantiene en cuatro semanas.

Para expedir el certificado de recuperación de la infección hace falta contar con una PCR positiva y esta es la opción minoritaria ahora mismo en la sanidad pública. «El 6 de enero di positivo en una prueba de antígenos en Dalt Sant Joan y no me hicieron PCR, ni a mí ni a los cientos de personas que han atendido estos días», se lamenta este paciente «nos dijeron que con el test de antígenos era suficiente».