La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la magistrada Martina Mora, tomará declaración a finales de mes a testigos del caso de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Balears (APB), y en octubre hará lo mismo con los investigados, entre ellos, el expresidente del organismo, Joan Gual de Torrella.
Tras casi un año desde que tuvo lugar la operación en la que Gual de Torrella fue detenido, la magistrada ha levantado recientemente el secreto sobre parte de la causa; en concreto, sobre una pieza relacionada con una adjudicación en el puerto de Maó a la sociedad Marina Asmen.
Fuentes próximas a la investigación señalan que entre la documentación de esta pieza separada consta un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde aparece un documento de la secretaria de Gual con notas manuscritas en las que se puede leer la palabra «Francina» y un listado de temas.
En este informe, cuyo contenido fue adelantado el viernes por varios medios nacionales, la Guardia Civil cree que Armengol se habría reunido con Gual de Torrella unos meses antes de su detención y, por las alusiones en las notas manuscritas, considera que pudo ser para hablar de asuntos relacionados con los amaños que se investigan en la causa judicial abierta.
Entre el 26 y el 29 de julio el Juzgado tomará declaración a casi una veintena de testigos. No será hasta principios de octubre, entre los días 4 y 7, que puedan hacerlo los investigados, comenzando por el expresidente de la APB Joan Gual de Torrella, el exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll.
Hasta ahora, la causa había permanecido bajo secreto y no habían trascendido avances en la investigación. Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente balear Francesc Antich.
El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico del ente público en Menorca. También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria.
La juez aprecia en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios. Los investigadores creen que se diseñó el concurso ad hoc para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.
Además, señala a la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían. En la documentación del caso consta, recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con Marina Asmen.
Las diligencias también apuntan a que la empresa obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.
4 comentarios
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Francina, calienta que sales!!
Hi ha res més corrupte que aquest món dels ports: amarraments misteriosos, denúncies anul·lades, permisos dubtosos...? I quan vas a demanar responsabilitats la culpa sempre és d'un altre organisme.