Maite Salord, Susana Mora y Cristina Gómez ayer al comenzar la presentación de la

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El borrador de la ley Menorca reserva de la biosfera ya es accesible a todos los interesados a través de la web del Consell. Fue presentado este viernes por las portavoces de los tres grupos que forman el equipo de gobierno. Nace con vocación de convertirse en garantía del desarrollo sostenible y, en definitiva, ser «la ley de Menorca», según coincidieron en señalar Susana Mora, Maite Salord y Cristina Gómez.     

«Lo urgente (en referencia a la crisis sanitaria y económica) no nos hace olvidar lo importante», destacó la presidenta, quien apuntó que la pandemia «ha demostrado que nuestra política de sostenibilidad ha sido acertada. El modelo social de redistribución de la riqueza es el único camino de futuro».

La ley llega 28 años después de la declaración internacional «y era un compromiso de este mandato». El texto, elaborado por Feran Pons Cánovas, será sometido a juicio ciudadano para que los interesados realicen sus aportaciones o sugerencias a través de la web institucional durante los dos próximos meses. A partir de septiembre será debatido con los partidos de la oposición y en la Junta de Alcaldes. Está previsto que pueda ser aprobado por el Consell a fin de año.

Luego será remitido al Parlament, que es el órgano con capacidad para convertirlo en ley.

Cinco millones

Uno de los títulos del borrador está dedicado a la financiación, clave para la viabilidad de la iniciativa y que no se quede en un distintitivo o sello ambiental, «ha de contar con recursos para poder ejecutar los objetivos del plan de acciónn de la reserva», resaltó Maite Salord, vicepresidenta y responsable de Medio Ambiente.

La financiación debe ser acordada por una comisión mixta Consell-Govern y reflejarse en los presupuestos autonómicos, aunque el articulado de la ley establece ya que no podrá ser inferior a 5 millones de euros anuales.

Se trata, en todo caso, de una normativa singular para Menorda, no tiene referencia en otras reservas española y constituye «una normativa clara para dar un impulso en línea del objetivo 2030 de las Naciones Unidas», agregó Salord.